El órgano fiscalizador advierte al Principado sobre la falta de auditorías internas sobre las subvenciones nominativas
20 dic 2019 . Actualizado a las 12:25 h.La Sindicatura de Cuentas del Principado considera que la administración asturiana no realiza suficientes auditorías internas para controlar el cumplimiento de las subvenciones nominativas que se dan desde las distintas consejerías, una «ausencia de control» que este órgano fiscalizador considera que hay que corregir.
En concreto, el Gobierno regional no realiza los informes de cumplimiento de las subvenciones nominativas desde el año 2016, lo que supone un «incumplimiento reiterado de los planes anuales de auditoría» y, a la postre, una «ausencia total de control interno».
Éste es uno de los «incumplimientos no generalizados» detectados por la Sindicatura en la auditoría financiera realizada sobre la Cuenta General del Principado del año 2018, que analiza las cuentas de la administración regional, de sus diez organismos autónomos y tres consorcios adscritos, que suman presupuestos de 4.400 millones de euros.
Según la Sindicatura, la mitad de las consejerías no incluyó en dicho ejercicio ninguna de las subvenciones nominativas concedidas en sus planes estratégicos de ayudas.
También considera que no deberían haberse concedido en 2018 como subvenciones nominativas los 45,8 millones de euros que figuraban como tal en los presupuestos de 2017.
La Sindicatura ha advertido de que los Presupuestos del Principado de 2018, prorrogados de los del año anterior, seguían incluyendo como ingresos 166 millones de euros que adeuda el Estado de fondos mineros, concepto que incumple los principios contables públicos.
Una segunda incorrección detecta por este órgano se refiere a la falta de adecuación de la memoria de la administración autonómica a la estructura exigida por el Plan General de Contabilidad del Principado.
No obstante, la Sindicatura mantiene que la Cuenta General del Principado expresa, en todos los aspectos significativos, la «imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la administración y de sus organismos autónomos».
Entre sus recomendaciones, la Sindicatura vuelve a plantear a la administración la necesidad de que aborde una reforma del marco normativo en materia económica, financiera, presupuestaria y contable para dar cumplimiento a principios esenciales en la gestión como el de transparencia o el de estabilidad presupuestaria.
Asimismo, pide que se elabore un sistema completo de costes/gestión que permita fijar objetivos de actividad, conocer el coste real de cada política y servicio y establecer indicadores para evaluar los resultados alcanzados.
Entre las nuevas recomendaciones, la Sindicatura señala la necesidad de realizar la concesión de las subvenciones nominativas a diversos entes locales para la realización de políticas públicas transversales, como igualdad de oportunidades, juventud o tecnologías de la información, a través del procedimiento de concurrencia competitiva y así garantizar la participación de todos.
Considera además que debe ponerse el 30 de septiembre como fecha límite de emisión de los informes definitivos de control financiero de las subvenciones nominativas para impedir que incluyan en el anteproyecto de ley del presupuesto del ejercicio siguiente subvenciones nominativas sobre las cuales no se hubiera efectuado control interno.
También propone una reorganización de las brigadas de conservación de carreteras, con el establecimiento de un sistema de jornada a turnos que coadyuvaría al logro de una gestión más eficiente, eficaz y económica, de los medios materiales y personales y por ende del gasto público.
Como en ocasiones anteriores, la Sindicatura ha criticado que no tuvieran acceso informático en tiempo real al ejercicio fiscalizado y que no pudieran cuantificar las desviaciones de financiación con lo que no ha podido determinar el efecto que tendrían en el cálculo del superávit o déficit y en la determinación del remanente de tesorería.
La Sindicatura ha aprobado también el informe del sector público autonómico del pasado ejercicio en el que se constata que las 47 entidades analizadas cumplen, de forma general, las leyes de transparencia estatal y autonómica; según informó EFE.