Las instituciones han instado al Gobierno Central a adoptar medidas ya que la tarifa es un 20% y 40% más elevada que en Francia y Alemania
23 dic 2019 . Actualizado a las 13:38 h.Las Cámaras de Comercio de Asturias han urgido este lunes al Gobierno central la adopción de medidas para mejorar la competitividad de la industria electrointensiva ante la incertidumbre en la que se encuentran las instalaciones productivas del Principado tras los malos resultados de la subasta de interrumpibilidad para el primer semestre de 2020.
En un comunicado, las instituciones camerales asturianas han expuesto que, entre 2014 a 2019, las ayudas a las electrointensivas para compensar los sobrecostes por las emisiones de CO2 han aumentado de 6 a 172 millones de euros, mientras que la dotación para la subasta de interrumpibilidad se ha reducido de 550 a 196 millones de euros.
Se trata de «un saldo negativo de 188 millones de euros que se suma a las malas perspectivas que tiene la subasta de interrumpibilidad para 2020, a falta de que se subasten los paquetes correspondientes al segundo semestre».
Añaden que el coste de la energía para el sector electrointensivo en España sigue estando entre un 20 % y 40 % más elevado que el de las empresas del situadas en Francia o Alemania, un «escenario de dificultad para competir a nivel mundial» que tiene especial incidencia en el Principado por la concentración de industrias electrointensivas, como ArcelorMittal, Alu Iberia o Asturiana del Zinc.
De persistir esta situación, «se produciría un daño irreparable en la industria electrointensiva asturiana y, consecuentemente, en su economía», han denunciado las cámaras, que por ello reclama la aprobación de un estatuto para los consumidores electrointensivos.
Las instituciones camerales, que han apuntado que a los costes energéticos se añade el retraso de la puesta en marcha en Europa del arancel ecológico, el proceso de descarbonización de la industria y el aumento de los costes por los derechos de emisión de CO2, han propuesto otras medidas como el traslado a los presupuestos generales del estado de parte de los peajes e impuestos incluidos en la tarifa eléctrica; informó EFE.