La coalición promete más fondos para las comarcas mineras o en declive demográfico y apuesta por el Corredor Atlántico. También revisará los pagos por capacidad a las eléctricas
30 dic 2019 . Actualizado a las 20:16 h.El PSOE y Unidas Podemos han puesto condiciones a la gran industria a cambio de las ayudas que perciben. Ambos partidos contemplan la aprobación del Estatuto del consumidor electrointensivo con compensaciones y exenciones de pago pero a cambio las empresas se tendrán que comprometer a mantener y generar empleo y mejorar su eficiencia energética. La coalición revisará, en caso de gobernar, los pagos por capacidad a las eléctricas para no incurrir en ayudas ilegales, promete más fondos para las comarcas mineras, apuesta por el Corredor Atlántico ferroviario y subvenciones a las comarcas que sufren el declive demográfico.
El acuerdo programático suscrito por Pedro Sánchez y Pablo Iglesias pone el foco en la reforma del mercado eléctrico y menciona la situación de las grandes industrias, que afecta a Asturias en casos como ArcelorMittal o Azsa, que sufren tarifas eléctricas un 30% más caras que las de otros países europeos. La coalición afirma que completará la aprobación del Estatuto electrointensivo «con el objetivo de potenciar la competitividad y la eficiencia de las empresas con altos costes energéticos». Se hará a través de compensaciones y exenciones de pago pero «a cambio de que éstas mejoren su eficiencia energética y que mantengan y generen empleo».
Además PSOE y Unidas Podemos revisarán los pagos por capacidad, es decir las cuotas que cobraban las centrales eléctricas por estar preparadas para entrar en el sistema eléctrico si era necesario. El sistema es cuestionado por Bruselas porque pueden considerarse ayudas ilegales a las eléctricas. Las subvenciones se limitarán «a medidas condicionales, transitorias, sin distorsiones, de último recurso y de acuerdo con el cumplimiento de los objetivos de reducción del precio de la electricidad, excluyendo la posibilidad de incurrir en ayudas ilegales y conforme en todo momento a la normativa europea vigente en la materia».
El acuerdo proclama la muerte del carbón y un futuro descarbonizado. El objetivo será alcanzar en 2050 una generación de electricidad 100% renovable y entre el 85% y el 95% en 2040. El documento afirma que la coalición desarrollará planes de acción urgente para las comarcas afectadas por el cierre de centrales de carbón «fomentando el desarrollo e inversión y tecnologías verdes, favoreciendo la formación necesaria para la creación de empleo en las comarcas. También propondrán un fondo europeo específico para favorecer la transición justa de los territorios más vulnerables, como es el caso de Asturias.
El intento de lucha contra la España vaciada, con tanta incidencia en el Principado, pasa por extender los servicios en las zonas rurales, coberturas de 3G a precio asequible y una mayor inversión en las cercanías ferroviarias y también la culminación del corredor atlántico y mediterráneo. El pacto incluye crear oficinas de despoblación en al menos 20 comarcas rurales que requieren una intervención urgente. En cuanto a las políticas autonómicas, al pacto prevé dar más peso a la Conferencia de Presidentes, crear nuevos mecanismos intergubernamentales con órganos bilaterales Estado-Principado de Asturias y la clarificación de las competencias para evitar conflictos que acaban en los tribunales. También se apostará por la desconcentración institucional del Estado con el traslado de sedes de instituciones y órganos a distintas ciudades.
En materia educativa, el pacto prevé la universalización del acceso a la Educación Infantil 0-3 años a través de la red pública en condiciones de equidad. La universalidad y su progresión es un caballo de batalla en Asturias entre socialistas y podemitas. «Elaboraremos, conjuntamente con las comunidades autónomas un plan de extensión de la Educación Infantil, con una red pública e integrada de recursos que garantice una oferta suficiente de plazas públicas para todos los niñas y niñas menores de tres años». Además la nueva Ley de Educación eliminará la segregación escolar por sexo, una situación que se produce en Asturias en los colegios Los Robles y Peñamayor.