Así se podría implantar la renta básica en Asturias en 20 años

La Asamblea Asturiana por las Rentas Básicas elabora una pormenorizada propuesta para implementar el pago de 735 euros al mes a todos los asturianos entre 2021 y 2040. La medida tendría dos fuentes de financiación y sólo haría falta voluntad política


Redaccion

Sería un proceso de implantación gradual a 20 años, que podría comenzar el año que viene y a cuyo término permitiría que todos los asturianos (922.540) percibieran una renta básica de 918 euros mensuales, de los que el 20% se destinarían a un fondo común con lo que cada residente en Asturias percibiría una cantidad individual de 735 euros al mes. Esa es la propuesta de la Asamblea Asturiana por las Rentas Básicas, que en los dos últimos años ha elaborado un exhaustivo estudio de viabilidad social y económica para implantar la renta básica universal en Asturias.

Una propuesta que, en sus cinco primeros años de aplicación, da prioridad a los colectivos en situación socioeconómica más desfavorable y que culminaría el proceso de implantación con los sectores de población con mayores niveles de renta para cumplir el objetivo de que el total de los habitantes de Asturias disfruten del derecho que constituye una renta básica cuyo mayor desafío no es precisamente el económico.

«La sociedad actual genera riqueza suficiente para garantizar este derecho y se conoce en profundidad la técnica económica necesaria para ejercerlo. Ya existen múltiples análisis técnicos que demuestran la viabilidad económica de la propuesta en distintas escalas territoriales», explican los autores de la propuesta, que se ha recogido en la publicación Valtar imposibles, construyir utopíes. 

Pese a que son cada vez más las voces desde diversos ámbitos que plantean que el futuro inmediato de las sociedades pasa por establecer un salario universal que cubra las necesidades vitales, desde la Asamblea Asturiana por las Rentas Básicas consideran que el gran reto de esta propuesta para el Principado, aparte de que requiere de voluntad política, es construir el escenario social y económico en el que se pueda convertir en realidad. Y ello pasa por dejar de considerar que se trata de una utopía: «El mayor desafío se encuentra en construir las condiciones sociales necesarias para que la reivindicación sea percibida como necesaria por una amplia mayoría social».

Es decir, «para que no sea un barco en el que nadie quiere navegar», indican, se debería asumir de manera colectiva  la necesidad de superar el marco de relaciones sociales y económicas que impone el capitalismo del siglo XXI. En este sentido, entienden que «produzca vértigo vivir con un mayor grado de libertad e igualdad» y sin estar condicionados por el mercado laboral. «Ese es el gran reto: hacer deseable la posibilidad de recorrer colectivamente un camino que nos permita vivir en una sociedad alternativa y bajo unos valores que nada tienen que ver con la lógica capitalista».

¿Por qué se plantea su implantación a 20 años?

El programa de implantación de la Renta Básica de las Iguales, como se denomina la propuesta, se desarrolla en un horizonte temporal de 20 años (2021-2040), divididos en cuatro fases de cinco años cada una para que su implementación sea gradual. Los autores del estudio explican que ese horizonte podría ser más corto «siempre y cuando las dinámicas sociales y la movilización colectiva lo permitan», y que incluso se podría implementar la medida para todo el conjunto de la población al mismo tiempo pero son conscientes de que «la movilización ciudadana actual en torno a la propuesta aún no es lo suficientemente amplia como para tener una influencia determinante sobre la voluntad de los actuales gestores políticos».

El estudio de viabilidad trabaja sobre la hipótesis de poder disponer recursos económicos suficientes para incorporar al programa anualmente al 5% de la población asturiana, aproximadamente 51.000 personas, y tiene en cuenta la tendencia de pérdida de habitantes que situaría a Asturias con menos de 900.000 habitantes en 2050. Aún así, indican que «existe la posibilidad de que esta situación se revierta como consecuencia del mismo desarrollo del proceso», puesto que «probablemente gran parte de la población afrontaría el futuro con otra perspectiva» al tener la existencia material garantizada.

¿A quiénes llegaría en las cuatro fases de su desarrollo?

En una primera fase, se aplicaría un principio de emergencia social: «El objetivo durante este periodo sería proteger a aquellos colectivos que se encuentran en situaciones graves de exclusión social o precariedad vital y económica». Teniendo en cuenta que el espacio de vulnerabilidad social es más amplio de lo que reflejan las estadísticas, en esta primera fase se incorporaría el 27,7% de la población asturiana (255.655 personas), dando prioridad a los sectores de la población con ingresos económicos por debajo del umbral de pobreza.

Es decir, personas mayores de edad beneficiarias del salario social básico, aproximadamente el 3,9% de la población y que forman parte de las 22.422 unidades de convivencia que recibe esta renta mínima. También se incluirían pensionistas con ingresos por debajo del umbral de la pobreza, que en Asturias son 76.932 personas -de los que 20.199 perciben ingresos por debajo de 4.256 euros al año-, y personas desempleadas sin cobertura (50% del total de desempleados), trabajadores con bajos ingresos y jóvenes de entre 18 y 25 años que podrían «disfrutar de un mecanismo de protección frente a situaciones de abuso y explotación laboral, dentro del mercado de trabajo».

En las siguientes fases, se beneficiarían el mismo número de habitantes, aproximadamente el 27,7% en cada periodo. Así, entre 2026 y 2030, la renta básica podría llegar a parte de la población con ingresos ligeramente superiores al umbral de pobreza, entre los que se encontrarían personas desempleadas con algún tipo de cobertura, pensionistas con ingresos por encima del umbral de pobreza y los trabajadores con salarios cercanos al Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

En el tercer periodo, de 2031 a 2035, llegaría a los menores de edad, los trabajadores con ingresos inferiores al doble del SMI y las personas beneficiarias de pensiones altas. Estas dos últimas fases es lo que hoy se denomina la clase media empobrecida.

Y, en la cuarta y última, que se desarrollaría desde 2036 a 2040, se consolidaría el carácter universal de este derecho, extendiéndose al 16,9% de la población asturiana restante, que constituye el grupo de personas con niveles de renta más altos.

¿Por qué 918 euros mensuales?

La propuesta defiende que la cuantía percibida sea equivalente al umbral de pobreza individual, que se define como el 50% de la renta per cápita de un territorio, o el PIB per cápita, que en Asturias en 2017 ascendió a 22.046 euros. La renta, por lo tanto, tendría una cuantía de 11.023 euros anuales o 918 euros mensuales. Esta propuesta defiende también que las personas reciban de manera individual el 80% de esa cantidad y que el 20% vaya a formar parte del Fondo Común de Renta Básica.

De esta manera, cada residente en Asturias recibiría 8.818 euros anuales, o 735 mensuales, una cifra que en todo caso podría variar cada año en función de la riqueza generada (referenciada a través del IBI).

¿Cuánto cuesta implantar la renta básica en Asturias?

Teniendo en cuenta el importe de la renta básica y el número de habitantes a incorporar cada año al programa, el coste bruto anual podría suponer el 2,48% del PIB, reduciéndose al 1,98% (aproximadamente 450 millones de euros) el coste de la parte correspondiente al importe individual

Coste bruto de la renta básica por colectivos beneficiarios en las dos primeras fases
Coste bruto de la renta básica por colectivos beneficiarios en las dos primeras fases

Al final de cada periodo de cinco años, el coste bruto ascendería al 12,41% del PIB salvo en la última fase, que sería del 7,55%. En cuanto al importe individual de renta básica se reduciría al 9,92% del PIB en las tres primeras fases y al 6% en la cuarta.

Al final de los cuatro periodos, la medida alcanzaría a una población total de 922.540 personas, con un coste bruto colectivo en los 20 años de 10.169 millones, que suponen el 44,78% del PIB. Las rentas individuales supondrían 8.134 millones de euros y, al final de los 20 años de implantación, el Fondo Común de Rentas Básicas, al que cada mes se irían el 20% de cada importe individual, dispondría de 2.034 millones de euros.

¿De dónde se sacaría el dinero para financiar la renta básica?

Dos son las fuentes de financiación que plantea este estudio de viabilidad de la Renta Básica de las Iguales. Y también son dos las preguntas que se hacen los autores de la propuesta en este sentido: «¿Dónde está la riqueza que generamos colectivamente? y ¿en manos de quién se encuentran los recursos económicos necesarios?»

Dejan claro al respecto que, por definición,«la propuesta de renta básica para las iguales implica la redistribución de la riqueza que ya existe, no requiere la producción de nueva riqueza». Por ello, esas dos fuentes de financiación provendrían de los recursos públicos que ya existen y del sistema fiscal.

Fuentes de financiación en las cuatro fases de la implantación de la renta básica en Asturias
Fuentes de financiación en las cuatro fases de la implantación de la renta básica en Asturias

¿Qué cambios habría que realizar en la gestión de los recursos públicos?

Los autores del estudio de viabilidad de la renta básica en Asturias explican que la financiación de la propuesta exige una reestructuración profunda del actual sistema de gastos e ingresos, que se establece en los presupuestos generales que las administraciones elaboran cada año, por parte de los responsables políticos que controlan las distintas escalas administrativas desde las que se gestiona la riqueza colectiva.

Plantean, por ello, un análisis exhaustivo de todas aquellas partidas presupuestarias, a nivel autonómico, municipal y estatal, que podrían servir para financiar la renta básica, que, en la primera fase de implantación, exigiría una reasignación del gasto público que permitiera disponer del 1% del PIB anualmente durante los primeros 5 años e ir aumentando de manera progresiva esa cantidad hasta el 4% en la última fase de implantación.

Algo que supondría, por lógica, incorporar los recursos económicos destinados a financiar todas las prestaciones sociales actuales e incluso las partidas destinadas a «legitimar prácticas de caridad institucional a través de ONGs o las cantidades que desde la hacienda pública sirven para compensar el trato fiscal privilegiado de aquellas organizaciones vinculadas a la estructura de poder de la Iglesia, como pueden ser las exenciones en el pago del IBI o la financiación estatal que reciben a través de la recaudación del IRPF».

Otros recursos que consideran que habría que analizar con detenimiento para valorar su posible incorporación son los destinados a la concertación social. «También deberíamos cuestionar el uso de fondos, a través del Servicio Público de Empleo (SEPE), para financiar iniciativas relacionadas con la mejora de la empleabilidad de determinados colectivos desfavorecidos, que se llevan un importe anual de más de 58 millones de euros en Asturias y cuya utilidad, en vista de las cifras de precariedad laboral y exclusión social existentes en la actualidad, debería ponerse en duda», añaden, apuntando también a un reajuste en las cantidades dedicadas a la remuneración de los altos cargos públicos e incluso, «aunque resulte más complicado, sería imprescindible añadir los gastos relacionados con el gasto militar y actividades de control social» a los que el Gobierno estatal, en 2018, destinó 32.000 millones de euros.

Pese a que en este reajuste del sistema de financiación del Estado de Bienestar una parte importante de los fondos dedicados en la actualidad a las políticas sociales y laborales podrían ser utilizados para asegurar la renta básica, consideran que «en ningún caso se reducirán los recursos económicos destinados a educación y sanidad que, de hecho, podrían aumentar con cargo al Fondo Común de las Rentas Básicas».

También mencionan las posibilidades de los fondos estructurales de la Unión Europea (que supusieron que Asturias, entre 2014 y 2020, acceder a unos 1.000 millones de euros) y que debería abrirse un proceso de negociación entre administraciones puesto que gran parte de los fondos dedicados a las políticas sociales y laborales se gestionan desde el Estado.

¿Cómo se financiaría la media a través del sistema fiscal?

Los autores de la propuesta consideran que, de manera complementaria al proceso de reestructuración del gasto público, deberían ponerse en marcha un conjunto de medidas encaminadas a modificar en profundidad el sistema tributario, combinando varias lineas de actuación. De mano, sería importante aproximarse de manera progresiva a los tipos de gravamen de la UE, «favoreciendo con ello una dinámica de armonización fiscal que permita acercar la recaudación a través de impuestos y cotizaciones sociales a la media europea, que se sitúa en el 45% del PIB».

Por supuesto, también indican que debería avanzarse hacia una redistribución fiscal «mucho más justa» a través de los impuestos directos y modificando de manera selectiva los impuestos indirectos para aumentar la recaudación en los sectores de población con mayores rentas. En este punto recuerdan que, según los datos de la Agencia Tributaria de 2017, 3.590 residentes en Asturias declararon 8.671 millones de euros.

También consideran que habría que cuestionar los beneficios fiscales aplicados a determinados impuestos y tasas, recordando que en 2019 el importe de los beneficios fiscales, según estimaciones del Gobierno asturiano, ascendió a 1.110 millones de euros.

Y, de manera urgente, además de plantear medidas que eviten la evasión fiscal, «habría que afrontar la tarea de diseñar los instrumentos fiscales necesarios para acceder a los recursos económicos que se detraen de las arcas públicas y que circulan a través de la economía sumergida» que, según estimaciones, mueve 5.000 millones de euros en Asturias.

«De esta manera, y en condiciones adecuadas, podríamos aumentar anualmente los recursos económicos disponibles en una cantidad equivalente al 1,5% del PIB, llegando a representar el 7,5% al final de la primera fase de implantación», sostienen, apuntando también a la financiación que podría provenir del diseño de una nueva fiscalidad a medio y a largo plazo. Por ejemplo, aseguran que cobra todo el sentido gravar por medio de impuestos todo el conjunto de servicios digitales, como la tasa Google o cualquier otra figura sobre la actividad de determinadas empresas que operan a través de las plataformas digitales.

«De la misma manera habría que recuperar una parte de los beneficios empresariales generados como consecuencia de la implementación de precios de automatización y robotización», añaden, además de mencionar otras medidas que tienen que ver con la fiscalidad verde, «que servirían también para frenar la degradación medioambiental generada por el modelo desarrollista de las épocas anteriores» que además es responsable del cambio climático. Por último, consideran también razonable que a las 14 entidades bancarias que recibieron 54.352 millones de euros de dinero público se les aplique alguna tipo de tasa que ayude financiar la renta básica.

¿Por qué crear un Fondo Común de Renta Básica?

El Fondo Común de Renta Básica (Focorbis), al que se destinaría el 20% del importe recibido de manera individual, se propone como un espacio de participación colectiva en el que se podrían definir necesidades comunes de un determinado espacio comunitario (pueblo, barrio, distrito), en el que por medio de prácticas de democracia directa se decidiera cómo se invierten los recursos acumulados.

Asimismo, se plantea como posible fondo temporal de contingencia, de manera que el dinero que se fuera acumulando permitiera hacer las correcciones económicas oportunas durante el proceso de implantación, aunque los autores de esta propuesta que aportaría equidad social -y sobre todo tranquilidad a quienes hoy no la tienen- señalan que quizá no haga falta: «No es descabellado pensar que la implantación de la primera fase, y sobre todo durante los primeros años, generaría consecuencias sobre el consumo y la recaudación de impuestos, aumentando los recursos económicos disponibles para continuar el proceso».

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