La deuda pública regional ha pasado de 729 a 4.906 millones de euros desde 2006
13 ene 2020 . Actualizado a las 05:00 h.Comprar un Volvo XC40; disfrutar de una noche alojado en el Hotel Ciragán Palace Kempinski de Estambul; disponer de 250 años de suscripción a Spotify ó 187 a Netflix… son muchas cosas que se le podrían ocurrir hacer a cualquiera con 30.000 euros en el bolsillo. Una cantidad, sin duda, nada desdeñable. Pues bien, ese es el dinero con el que cada asturiano que venga a este mundo en 2020 estará hipotecado.
En concreto, 29.906 euros. Son los que se corresponden a la suma de los 25.000 euros por habitante de deuda per cápita de España (dinero que el país ha pedido prestado para financiar su gasto e inversión) y los 4.799 euros por habitante de deuda del Principado de Asturias (4.906 millones de euros). Asturias fue una de las cinco comunidades en las que esta cifra subió en el segundo trimestre del pasado año con respecto al anterior, si bien la región sigue manteniéndose en el cuarto puesto por la cola en cuanto a deuda pública en términos absolutos (20,3% del Producto Interior Bruto).
La culpa de esta gargantuesca cantidad de dinero (que, por cierto, habrá que devolver) la tienen los altos tipos de interés pagados durante los peores años de la crisis y la expansión del gasto público movilizado para recuperar el pulso a partir del 2016. Desde el año 2006 la deuda en el Principado no ha dejado de crecer, agudizándose el repunte especialmente a partir del comienzo de la crisis económica en 2008. En concreto ha pasado de 729 millones de euros (685 euros por habitante) a los 4.906 millones actuales. Una carga demasiado elevada y que puede lastrar el futuro inmediato de los asturianos.
Crecimiento económico limitado
En este contexto no hay más receta para evitar que la bola de nieve de la deuda siga aumentando que el crecimiento económico. Sin embargo, las previsiones para la región no son muy prometedoras. De acuerdo con el observatorio regional del BBVA, la economía regional repuntará un 1,3%, frente al 1,6% previsto para el conjunto de España. Solo Canarias y Baleares tienen unas expectativas peores que el Principado.
Pese a que la previsión del observatorio del BBVA pasa por una «desaceleración generalizada» en todas las comunidades, este frenazo no será homogéneo en todos los territorios. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal española determina que «la mejora en las condiciones de financiación observada en el último año generará un espacio fiscal en el medio plazo que debería ser compatible con la corrección déficit fiscal estructural y la reducción en la ratio de deuda».
En el escenario más propicio, «si no hay cambios en las actuales expectativas en el mercado de deuda soberano y la política monetaria se mantiene inalterada, esta mejoría en las condiciones de financiación podría tener un gran efecto en la dinámica de la deuda de largo plazo. En el escenario normativo, que implica una política fiscal orientada a corregir el déficit estructural, la ratio de deuda podría estabilizarse en el entorno del 60% del PIB en 15 años».
No obstante, «un escenario más prudente, que supone una muy lenta convergencia en las condiciones de financiación a promedios históricos (y es consistente con una normalización de la política monetaria en los próximos 10 años), tiene implicaciones muy distintas». «Incluso una política fiscal orientada a lograr equilibrios presupuestarios no sería suficiente para disminuir la ratio de deuda y evitar que la misma siga creciendo hasta cerca del 90% hacia 2050», continúa. «Si adicionalmente la política fiscal no contribuye a mejorar el actual déficit estructural y se mantienen el actual saldo primario, la ratio de deuda se volvería explosiva y podría superar el 130% del PIB en 2050», concluye definiendo las perspectivas más pesimistas.
Un lastre para el futuro
Miguel de la Fuente, decano-presidente del Colegio de Economistas de Asturias, explica que el problema de la deuda ha de acometerse de manera decidida, pese a que «Asturias es la cuarta comunidad autónoma menos endeudada en términos del PIB». En este sentido cree imprescindible «aprovechar los años económicos en los que tengamos crecimiento para reducir esta deuda y limitar los riesgos futuros», por lo que en los años más expansionistas de la economía tras la crisis «hubiese sido bueno reducir la deuda y con ello los intereses que estamos pagando, un gasto que se detrae de los presupuestos y que no podemos destinar a otros menesteres más productivos».
Recuerda que en los presupuestos del Principado de Asturias para el 2020 se prevé que el pago de la deuda ascienda a 569,5 millones, «una cantidad muy importante, que supone casi el 12% del total del presupuesto regional». A todo esto se suma el «grave problema de envejecimiento de la población, que influye negativamente en la reducción de la deuda, porque va a haber más gasto y puede llegar a suponer hasta dos puntos más del PIB en este concepto». Asimismo advierte de que «hay una parte de la deuda que asumió el Gobierno Central para rescatar a empresas o entes que no son públicos» y, en este sentido, «una parte importante de esto acabará convirtiéndose en deuda pública en el futuro. Se calcula aproximadamente que puede suponer un 3,3% adicional del PIB de deuda».
A su juicio, unos elevados niveles de deuda suponen «restar músculo financiero al país». «Somos el quinto país de la UE con mayor deuda pública, lo que es un problema importante que hay que solucionar», asevera. Considera que Estaña tardará «casi 20 años en llegar a ese nivel por debajo del 60% del PIB que nos impone Bruselas, y eso suponiendo que cumplamos a rajatabla el programa de estabilidad y que, además, haya un contexto de bajos tipos de interés y de crecimiento económico por encima del 2% del PIB. Si no es así tardaremos mucho más en reducir el déficit».
Cree imperativo conseguir esta reducción, para que «cuando venga una crisis financiera, y todos sabemos que cada quince años aproximadamente viene una bastante fuerte, tengamos el músculo financiero suficiente para abordar los ajustes necesarios sin quebranto y coste para los ciudadanos».