La armonización fiscal separa a los grupos parlamentarios de un acuerdo sobre financiación autonómica
ASTURIAS
Ana Cárcaba se muestra convencida de que el consenso «va a ser posible»
29 ene 2020 . Actualizado a las 11:13 h.La posibilidad de pedir una armonización fiscal entre las distintas comunidades es el único escollo que separa a los grupos parlamentarios asturianos para alcanzar una posición común sobre los criterios que el Principado debe defender en la negociación del nuevo modelo de financiación autonómica.
La coincidencia en dichos criterios, que pasa por atender al coste real de los servicios y el incremento que suponen en el mismo factores como el envejecimiento o la despoblación, se ha constatado en la reunión que ha mantenido el presidente del Principado, Adrián Barbón, con los portavoces parlamentarios, para abordar el borrador con las propuestas que el Gobierno les trasladó en octubre. Dicho documento aludía a la necesidad de impulsar una armonización tributaria para evitar el dumping fiscal de territorios como la Comunidad de Madrid, un planteamiento con el que han mostrado sus discrepancias el PP y Foro, que consideran que debe respetarse la autonomía de quienes tengan características que les permiten rebajar sus impuestos «y generar riqueza», según la portavoz popular, Teresa Mallada.
Pese a esta discrepancia, la consejera de Hacienda, Ana Cárcaba, se ha mostrado convencida de que el consenso «va a ser posible» y que Asturias afrontará la negociación con una postura común que dé al Gobierno regional «una mayor fuerza» dadas las elevadas coincidencias existentes entre los distintos grupos. En cuanto a estas diferencias, Cárcaba ha señalado que no deberían suponer tampoco un obstáculo dado que la armonización fiscal que plantea el Gobierno «puede defenderse fuera de esa vía» y que ésta no aparezca en el documento final al que los grupos parlamentarios deberán hacer sus aportaciones el próximo 17 de febrero.
Así, la portavoz popular ha considerado que no será complicado llegar a un acuerdo, y hacerlo extensivo a otras comunidades con situaciones similares, y ha avanzado que propondrá la introducción de criterios que beneficien a Asturias como su elevada media de edad o su alto número de parados de larga duración. Para Laura Pérez Macho, de Ciudadanos, es fundamental que Asturias tenga una postura «sólida» y unitaria aunque ha cuestionado que su voz pueda prevalecer a la hora de negociar la financiación con un Gobierno cuyos socios nacionalistas tienen un concepto de la relación entre territorios que no beneficia a la región y con un PSOE «que no tiene muy claro el concepto de España».
Según la portavoz de Podemos, Lorena Gil, el objetivo prioritario debe ser blindar los servicios públicos esenciales y calcular el coste real para cada comunidad a la vez que ha insistido en su propuesta de que Asturias sea compensada por la «insularidad» que le generan sus malas comunicaciones, peajes incluidos, y por el coste medioambiental que ha pagado tras décadas exportando energía al resto del país, informa EFE.
Desde IU, Ángela Vallina se ha mostrado de acuerdo con el planteamiento inicial del Gobierno asturiano y con el objetivo de garantizar fondos suficientes para que no haya diferencias en los servicios que se prestan en los distintos territorios a la vez que ha abogado por elevar el acuerdo que se alcance a la Junta General para que sea aprobado por la Cámara con la fórmula de proposición no de ley o con la que se determine.
El portavoz de Foro, Adrián Pumares, ha pedido no atacar a quienes «legítimamente» bajan su impuestos y optan por un modelo fiscal distinto al asturiano, «casi confiscatorio», y, pese a mostrar sus dudas sobre el «sentido de Estado» del Gobierno central, ha visto posible un acuerdo para exigir un sistema basado en el coste real de los servicios y el derecho de todos los ciudadanos a recibirlos en igualdad de condiciones. Tras ser el único grupo excluido por el Gobierno en la negociación presupuestaria, Vox se ha sentado a la mesa con el Ejecutivo para trasladar su criterio de que las autonomías «son un lastre para el Estado» y de que no quieren ser partícipes del debate aunque seguirán acudiendo a las reuniones, según su diputada Sara Álvarez Rouco.
