La patronal reclama un estatuto electrointensivo que no dependa de la negociación política

Belarmino Feito solicita un mecanismo que regule de forma autónoma estas bonificaciones. UGT pide las máximas compensaciones por los costes de CO2. El Principado, dispuesto a presentar alegaciones «si procede»

La ministra para la Transición Ecológica en funciones, Teresa Ribera, y el presidente de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE), Belarmino Feito,
La ministra para la Transición Ecológica en funciones, Teresa Ribera, y el presidente de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE), Belarmino Feito,

No es suficiente. Eso dice Belarmino Feito, presidente de la Federación Asturiana de Empresarios (Fade), del proyecto de Estatuto Electrointensivo que acaba de publicar el Gobierno. Cree que la competitividad de la industrias del Principado seguirá sometida a los vaivenes de las negociación política y que eso no supone ningún beneficio. Tampoco es bastante para sindicatos como UGT que quiere que la Administración articule las compensaciones máximas por costes indirectos de CO2, cuya partida asciende actualmente a 172 millones de euros. El Principado aplaude el documento pero también reconoce que quiere leerlo al detalle y está dispuesto a presentar alegaciones si «procede»  

El Estatuto Electrointensivo beneficiará, en principio, a unas 600 industrias con alto consumo eléctrico, 19 de ellas asturianas, a las que se bonificará en un 85 % los cargos de su factura, lo que les supondrá un ahorro conjunto de unos 90 millones que, sumados a las compensaciones por costes de CO2 (172 millones el pasado año), elevarán a más de 262 millones el apoyo a estas industrias.

Las reacciones

El presidente de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE), Belarmino Feito, considerado que el Estatuto del Consumidor Electrointensivo presentado por el Gobierno central será insuficiente para corregir la diferencia de competitividad existente entre las industrias españolas con sus competidoras europeas y también con las asiáticas, que están introduciendo acero en la Unión Europea (UE) a costes más bajos. Feito confía en que la redacción definitiva del texto normativo se pueda corregir en el periodo de presentación de alegaciones, pero teme que, aún así, «no corregirá del todo ese gap» de competitividad.

El presidente de la patronal critica que el nuevo estatuto esté sujeto a la probación de los presupuestos de 2020, ya que «de alguna manera las empresas van a seguir estando a expensas de la negociación política, cuando el mercado no entiende de negociaciones y es competitivo». Feito reclamado la existencia de un mecanismo que de forma autónoma regule estas bonificaciones de los costes energéticos de las industrias electrointensivas.

El Gobierno del Principado, en cambio, considera que va a ser una herramienta útil. El consejero de Industria, Enrique Fernández, señala que, a falta de conocer «el detalle final», cumple los objetivos para los que se diseñó para rebajar la factura energética de la industria. Según Fernández, la entrada en vigor de la normativa, que hoy, 11 de febrero, sale a audiencia pública, permitirá mejorar la estabilidad de las empresas que tienen en el suministro eléctrico una fuente importante de costes y mejorar su competitividad de forma que no estén «excesivamente penalizadas» respecto a otros países competidores de la UE. Fernández destaca que el texto está aún a la espera de las aportaciones que se puedan hacer en el proceso de información pública y avanza que el Gobierno asturiano lo estudiará en detalle con el sector industrial del Principado para plantear posibles alegaciones «si es que procede».

El titular de Industria recuerda, además, que el Estatuto está limitado por varias cuestiones como son las observaciones planteadas por la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia para evitar que se vulnerase la prohibición de la UE de conceder ayudas de Estado y por la «salud financiera» del sistema eléctrico español «que incorpora importantes déficits».

La Federación de Industria, Construcción y Agro de UGT, por su parte, reclama al Gobierno que el Estatuto Electrointensivo implemente las compensaciones de costes indirectos de CO2, cuya partida asciende actualmente a 172 millones de euros, «en el mayor porcentaje posible». El sindicato subraya que los presupuestos generales del estado deben recoger «la máxima cuantía marcada en la directiva UE en esta materia, además de seguir en el camino de eliminar cargas sobre el precio de la electricidad y el gas, en los costes regulados y los no vinculados al suministro».

El sindicato valora que el nuevo borrador del estatuto representa «un avance», ya que supone el reconocimiento de especificidad a los sectores industriales con un elevado consumo de electricidad. No obstante, insiste en la necesidad de que los mecanismos de apoyo en los que se basa el proyecto «sean ampliados y aumentados» para lograr el objetivo de la búsqueda de un precio eléctrico que elimine el diferencial con países del entorno, como Francia y Alemania. Además, reitera que deben ser incluidas medidas de protección del empleo y de las condiciones laborales que obligue a las empresas que se vean compensadas por estas medidas a garantizar «la continuidad industrial evitando la deslocalización a países del entorno UE, que favorecen una tarifa eléctrica reducida».

Así, el sindicato propone incluir en las alegaciones «la necesidad de llevar a cabo un seguimiento del cumplimiento de los requisitos establecidos por el decreto para acceder a las condiciones establecidas».

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