RMD deja sin vigilancia el Valle del Nalón, la unidad de toxicomanía y el HUCA

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Hospital Valle del Nalón.Hospital Valle del Nalón

Hospital Valle del Nalón Carmen Liedo

La empresa de seguridad privada cancela tres servicios entre quejas de los sindicatos por los retrasos del Principado en el pago de las facturas

12 feb 2020 . Actualizado a las 16:47 h.

La empresa RMD ha cancelado tres servicios de seguridad privada en las instalaciones del antiguo Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), el área sanitaria VIII (Valle del Nalón) al completo y la unidad de tratamiento de toxicomanía del área IV (Oviedo), han informado este miércoles los sindicatos CCOO, UGT y USO.

Las organizaciones sindicales han apuntado en un comunicado que la empresa ha justificado esta medida, que ha dejado a quince vigilantes sin empleo, ante los retrasos en el pago de las facturas por parte del Principado y por el aumento de los costes de personal.

Por ello, los sindicatos han exigido al Gobierno regional «una solución rápida para la continuidad de este servicio con una nueva licitación».

CCOO, UGT y USO han advertido de que «esta actitud pasiva tanto de la empresa por un lado como de la administración autonómica por otro está teniendo como consecuencia ya no solo el menosprecio a las condiciones laborales de los trabajadores y la posible destrucción de puestos de trabajo, sino el privar a los ciudadanos de un servicio fundamental para el normal funcionamiento y uso de dichos centros».

RMD Seguridad, con 40 empleados en Asturias, también presta servicio en el Centro Niemeyer, en las instalaciones del 112 de la Morgal, en el Área Sanitaria III completa, con los centros de salud y el Hospital San Agustín y el Hospital de Cangas de Narcea, y, según los sindicatos, en otras comunidades autónomas está siguiendo «estrategia» de no pagar las nóminas a sus trabajadores.

Las organizaciones sindicales han insistido en la necesidad de que los pliegos de condiciones de este tipo de contratos «se adapten a las necesidades reales de los servicios», al considerar que la Administración prima la oferta económica más baja «y con ello la adjudicación de servicios de interés público a empresas de dudosa solvencia que no garantizan ni la ejecución, ni la calidad y ni siquiera como este caso la consecución del servicio»; informó EFE.