El auto nombra instructor al magistrado y expresidente del TSJA, Ignacio Vidau
20 feb 2020 . Actualizado a las 15:03 h.El Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) ha declarado su competencia para asumir la causa de la investigación abierta en relación al caso Hulla a la antigua corporación de Aller, de la que formaba parte la exconcejala y portavoz parlamentaria del PP, Teresa Mallada, por su condición de aforada.
La titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Oviedo había elevado al TSJA una exposición razonada en la que acordaba su inhibición en la causa en atención a la condición de aforada de Mallada y pedía que fuera la Sala de lo Civil y Penal de este tribunal quien investigara la actuación de la corporación sobre si favoreció la construcción del geriátrico de Felechosa (Aller) subvencionado con fondos mineros. En un auto emitido este jueves, contra el que cabe interponer un recurso de súplica ante el TSJA, el tribunal acuerda incoar diligencias y nombra como instructor al magistrado Ignacio Vidau Argüelles.
Antecedentes
Mallada formaba parte de la corporación allerana que en 2008 aprobó la cesión de los terrenos al Montepío de la Minería para el geriátrico de Felechosa, cuya construcción está en el foco de la investigación abierta para determinar el origen de los 1,2 millones de euros y los 436.000 que regularizaron, respectivamente, el histórico líder sindical José Ángel Fernández Villa y el entonces presidente de la mutualidad, José Antonio Postigo, recuerda EFE.
De acuerdo al criterio de la Fiscalía, el Juzgado debía dar traslado al TSJA ante la falta de competencia objetiva de la parte de la investigación relacionada con la compra y cesión gratuita de los terrenos al Montepío, aprobada en 2008 en el pleno por unanimidad pese a los reparos de la intervención municipal, así como el inicio de las obras sin la licencia necesaria, según la Fiscalía, con el conocimiento de la corporación.
Esta parte de la investigación, para la que la magistrada pide la formación de una pieza separada, afecta al propio Postigo -como inductor- y a toda la corporación de Aller, que estaba integrada por siete ediles del PSOE -que gobernaba el ayuntamiento-, otros siete del PP y tres de IU, por los presuntos delitos de prevaricación administrativa, prevaricación urbanística y tráfico de influencias.
Según la Fiscalía Anticorrupción, Villa se habría prevalido del poder que le concedían sus cargos como miembro de la Comisión Ejecutiva Regional en la Federación Socialista Asturiana (FSA) y secretario general del SOMA-FITAG-UGT para situar al frente del Montepío a Postigo. Este poder, según la Fiscalía, le habría permitido a Villa influir en la decisión de que se concediera a la Mutualidad una subvención de casi 31 millones a cargo de los fondos mineros para construir un geriátrico «sin especificar la ubicación concreta del complejo», pese a que la normativa de la adjudicación de los fondos no lo contemplara.
El Montepío eligió el concejo de Aller «con la anuencia» de los responsables municipales, según la Fiscalía, que sostiene que en el Montepío tenían «la plena seguridad» de que desde el ayuntamiento no se pondría obstáculo alguno al desarrollo del proyecto, pese a que los terrenos elegidos para construir la residencia, por la normativa urbanística, no los hacía aptos al calificarlos como suelo no urbanizable y de interés agropecuario.