La envenenadora que cobró una indemnización por un desliz burocrático

L.O.

ASTURIAS

La acusada de envenenar el agua de sus compañeros de hospital durante el juicio
La acusada de envenenar el agua de sus compañeros de hospital durante el juicio TPA

El Principado achaca a que no se notificó correctamente la sentencia a la Inspección que la condenada por inyectar salfumán y sangre en el agua de sus compañeros en el Hospital de Arrionadas recibiera 50.000 euros al ser despedida

04 mar 2020 . Actualizado a las 19:42 h.

Durante varios meses, al menos de forma comprobada entre los marzo y septiembre de 2015, dos técnicos de laboratorio del Hospital del Oriente de Asturias comenzaron a notar que el agua embotellada que guardaban para su consumo en el puesto de trabajo tenía un sabor extraño, un olor desagradable y un color amarillento. Sus sospechas se convirtieron en angustia cuando, tras quejas reiteradas, decidieron analizar el contenido y descubrieron con horror que el agua había sido contaminada con distintas sustancia. Con sangre, humana o de animales, pero también con ácido clorhídrico (salfumán). Con una denuncia se establecieron controles, cámaras en el laboratorio, hasta que la Guardia Civil descubrió que una de sus compañeras inyectaba las sustancias en las botellas con una jeringuilla de insulina.

El caso, que llegó a los tribunales, y se conoció entre la opinión pública como el de la envenenadora de Arriondas, terminó con la condena de M.C.N.C., que reconoció los hechos y aceptó una pena de 18 meses de cárcel por dos delitos de lesiones y dos contra la integridad moral, así como el pago de 6.000 euros a cada una de las dos víctimas. Su defensa adujo que sufría una enfermedad mental. 

El periplo judicial terminó ahí pero lo cierto es que el laboral todavía colea porque el Principado despidió a la envenenadora pero con una indemnización, de algo más de 50.000 euros porque el expediente disciplinario que se le abrió de forma paralela al juicio no se desarrolló de forma correcta. Lo suficiente como para el el diputado de IU, Ovidio Zapico, haya elevado una pregunta al Gobierno autonómico para interesarse también por si los «flagrantes errores» que llevaron a este final podrían derivar, esta vez sí, en un expediente sancionador a los responsables. Sin embargo, en su respuesta, la consejería de Salud destaca que no, y explica que la indemnización de la envenenadora tiene su origen en una suerte de despieste burocrático. 

Según el relato de la consejería, el Servicio de Inspección solicitó primero al Juzgado de Instrucción de Cangas de Onís información sobre las diligencias penales abiertas a la trabajadora acusada, pero al estar en fase de instrucción de dejó en suspenso «como es legalmente preceptivo». Cuando el caso pasa a la siguiente fase, y ya al juzgado de lo Penal la inspectora que se ocupaba del expediente se dirigió al juzgado de nuevo «interesándose por el estado de tramitación del procedimiento» y recibió como respuesta la notificación de la fecha del juicio oral.

Hasta ahí todo era normal, pero deja de serlo cuando el juzgado remite la sentencia a la Administración ya que, según explica la Consejería, la dirige «no como al Servicio de Inspección, como venía haciendo, sino a la Dirección de Atención y Evaluación Sanitaria, órgano que cabalmente pudo presumir que dicho testimonio había sido remitido también al Servicio de Inspección».

Cabalmente o no, lo cierto es que el lapso de tiempo que transcurrió, sin que hubiera comunicación entre los distintos departamentos, terminó por hacer que se declarara la caducidad del expediente disciplinario abierto a la acusada. La consejería niega en su respuesta que hubiera «flagrantes errores» e insiste en que que todo se debió a «la falta de notificación al órgano instructor de la existencia de la sentencia penal».   

En el juicio la condenada se negó a declarar y sólo reconoció con un monosílabo su culpabilidad. Pero las víctimas dejaron un relato aterrador en el que se hablaba de que encontraron sus botellas de agua con un color «amarillento», olor «pestilente» y sabor «ácido», que sus quejas no obtuvieron en un primer momento la atención de la gerencia del centro; que realizaron los primeros análisis por su cuenta (en los que detectaron la presencia de sangre) y que decidieron guardar las botellas contaminadas en un cajón a medida que iban apareciendo y comprobaban las carteleras del día anterior para certificar quién había trabajado en el turno de noche anterior a la aparición de las botellas manipuladas.

Tras la denuncia, la Guardia Civil recibió las botellas guardadas para ser analizadas posteriormente, e instaló cámaras de seguridad en el laboratorio. En las grabaciones aparecía la acusada entrando al área de microbiología con una jeringuilla de insulina, anexo al laboratorio, para después de un periodo brevísimo de apenas de 10 segundos, verse cómo salía del mismo e inyectaba el contenido en una botella, la agitaba y la volvía a dejar en el mismo sitio. Además del salfumán, en dos ocasiones inyectó vinagre y en otra sangre, bien humana o de algún animal. A consecuencia de los hechos, sus dos compañeros sufrieron un cuadro de ansiedad que precisó para su curación tratamiento médico con baja laboral.