Patronales de la construcción del noroeste se unen para enfrentarse al efecto coronavirus

Las patronales de construcción de Asturias, Galicia y Castilla y León lanzan «Reconstruyamos», una iniciativa conjunta en la que proponen distintas actuaciones en el ámbito económico y social de la industria de la construcción para paliar los efectos de la crisis del COVID-19. Es un decálogo creado por el «Grupo de Construcción Región Noroeste», integrado por la Confederación Asturiana de la Construcción-Asprocon (CAC-ASPROCON), la Federación Gallega de la Construcción (FGC) y la Cámara de Contratistas de Castilla y León (CCCyL). «Es el momento para que nos agrupemos para sumar y aportar actuaciones y propuestas que redunden en el beneficio común de nuestra sociedad; sin duda, unidos conseguiremos salir mejor y más fuertes de una crisis social y económica de tal calado», destacan las tres organizaciones en un comunicado.

Cuando España salga del estado de alarma, indican, el sector de la construcción, a diferencia de lo ocurrido en 2008, puede convertirse «en un posible receptor de trabajadores procedentes de otros ámbitos económicos que seguramente tendrán más complicada su ágil recuperación». En primer lugar, instan a una «apuesta decidida por una inversión pública regular», ya que consideran «absolutamente prioritario» ejecutar Planes de Inversión específicos en Infraestructuras a desarrollar por la Industria de la Construcción, promovidos por las distintas administraciones, para que la carga de trabajo llegue lo antes posible al tejido empresarial. Esta inversión tiene, además, que ser mantenida en el tiempo de manera regular, y correctamente planificada con el objeto de evitar «valles de actividad».

20.000 empresas

En este sentido, subrayan que en estas tres comunidades, Asturias, Galicia y Castilla y León, la construcción da trabajo a 172.000 trabajadores, incluidos autónomos, y cerca de 20.000 empresas. Piden, asimismo, agilizar trámites administrativos. «Es imprescindible que después de esta etapa de paralización se potencie la agilidad en la reactivación de la maquinaria administrativa, tanto en lo que se refiere a la obra pública como a la privada», señalan. En cuanto a la obra pública proponen arbitrar mecanismos y protocolos específicos para que durante un tiempo, tras el levantamiento del estado de alarma, se agilicen las contrataciones mediante un procedimiento creado «ad hoc» que permita acortar los tiempos de adjudicación de los contratos. Respecto a la privada, solicitan «eliminar trabas burocráticas que hacen que se ralentice la actividad de esta importante parte del sector y provocan un dilación innecesaria e infructuosa de la actividad a la espera de informes, permisos, licencias y autorizaciones».

Por otra parte, demandan la recuperación de los fondos de formación para la comunidad, al considerarla «fundamental», puesto que ello permitirá «la reactivación del mercado laboral» una vez se supere la crisis. También apuestan por la agilización del pago a proveedores y contratistas, así como la «utilización de superávit y remanentes» de los ayuntamientos, pues señalan que estos «han sido generados con políticas de ajustes que han repercutido directamente sobre los administrados», por lo que consideran «de justicia» poder disponer de esos fondos. En este sentido indican que la autorización del uso de los «ahorros» de las administraciones locales sería una medida «extraordinaria y efectiva» para impulsar la generación de una actividad económica que llegaría a empresas de todo tipo, muy especialmente a pymes y autónomos, que representan el 90 % del tejido productivo, apuntan. Además, piden especialmente «inversiones en el rural y un impulso decidido de una transición ecológica ordenada» hacia energías más limpias por ser un «importante refugio» para el sector, informa EFE.

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