El Principado retoma el plan para acabar en septiembre con la lista de espera de dependencia

El Gobierno asturiano autoriza la firma de convenios con nueve ayuntamientos y contratará a otros 22 profesionales como personal de refuerzo

Melania  Alvarez, portavoz del Gobierno del Principado y consejera de Derechos Sociales y Bienestar.
Melania Alvarez, portavoz del Gobierno del Principado y consejera de Derechos Sociales y Bienestar.

Oviedo

El Gobierno del Principado de Asturias ha aprobado este jueves el acuerdo que autoriza la firma de convenios con nueve ayuntamientos para encomendarles la valoración de la dependencia de personas que hayan presentado solicitudes en estos concejos y estén pendientes de evaluación. Según ha informado el Ejecutivo regional tras la reunión del Consejo de Gobierno, esta medida permitirá que 12 profesionales de Boal, Cangas del Narcea, Caso, Castropol, Coaña, Illano, Pesoz, Tineo y Villayón desempeñen esta función, después de recibir formación en la aplicación del baremo durante el próximo mes.

Además de la puesta en marcha de esta iniciativa, que se articula en el plan de choque 2019-2021 como un proyecto piloto, el Principado contratará a otros 22 profesionales (14 trabajadoras sociales, 4 administrativos y 4 auxiliares), que se incorporarán como personal de refuerzo el 1 de junio con el propósito de acabar con las listas de espera en la dependencia. De este modo, se duplica el número de trabajadoras sociales dedicadas actualmente a la elaboración de los programas individuales de atención (PIA) y aumenta el personal que se ocupa de la gestión de los expedientes.

Por otra parte, en las próximas semanas se reiniciarán las valoraciones de aquellas personas cuya situación sea más grave o exija una intervención urgente. Finalmente, la consejería comenzará de manera inminente la tramitación de la normativa que completa y amplía el catálogo de prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia. Por un lado, se regulará la figura del asistente personal y, por otro, los servicios de promoción de la autonomía. El objetivo es reforzar la oferta de atención domiciliaria y de fomento de la vida independiente, para que pase a ocupar un lugar preferente en el modelo de apoyo a las personas dependientes.

La elaboración de esta norma vendrá precedida por un amplio proceso participativo, un hecho habitual en la toma de decisiones de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar. Según los datos del mes de abril, los expedientes pendientes de tramitación de resolución de reconocimiento de la situación de dependencia son 4.976 (12% del total de expedientes) y los pendientes de resolución de reconocimiento del derecho a una prestación (PIA) son 5.990 (21% del total de expedientes), informa Europa Press.

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