El juzgado da un plazo de diez días al sindicato para depositar la garantía
07 jun 2020 . Actualizado a las 12:56 h.El Juzgado de Instrucción número 4 de Oviedo ha dictado un auto de apertura de juicio oral contra la UGT de Asturias y cinco exdirigentes del sindicato, entre ellos su ex secretario general Justo Rodríguez Braga, e impone una fianza de 1,6 millones por un presunto fraude de subvenciones en el desvío de 1,4 millones de fondos públicos para cursos de formación entre 2010 y 2014.
El auto del juzgado, dictado ayer, viernes, y contra el que no cabe recurso, da un plazo de diez días desde la notificación a todas las partes para depositar la fianza, ha informado a Efe el abogado de la central sindical, Francisco Alonso.
Esta decisión se produce después de que el tribunal de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial desestimase los cuatro recursos de apelación interpuestos por los investigados contra el auto del Juzgado de Instrucción número 4 de Oviedo que el pasado 16 de enero apreció indicios sobre la presunta desviación de dinero a la organización sindical procedente de los cursos de formación.
Los autos basan su decisión en los informes de la Intervención General del Estado y de la Agencia Tributaria debido a su «sobrada solvencia técnica e imparcialidad», argumentan.
La Sala admite que en sus informes hay «seria razonabilidad indiciaria» de que los investigados son autores de cinco delitos de fraude de subvenciones y, aunque reconoce que sus conclusiones «no tienen por qué ser compartidas», advierte de que será en la vista oral donde habrá que determinar si son o no constitutivos de delito y la intervención de cada uno de los investigados.
La Fiscalía solicita para Rodríguez Braga una pena de diez años de prisión por cinco delitos de fraude de subvenciones y pide para los otros exdirigentes y técnicos del sindicato penas de entre 4 años y dos meses y 10 años de cárcel.
Para UGT, el Ministerio Público solicita que se le imponga una multa de 244.028 euros, así como la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas durante cuatro años.
La Fiscalía también solicita multas de distintas cuantías que, en el caso de los tres principales acusados, superan el millón de euros y sostiene que el desvío sistemático de fondos públicos se llevaba a cabo mediante subterfugios con los que UGT y su fundación IFES lograban enmascarar los costes reales de ejecución de las acciones formativas por las que recibían subvenciones.
Además, estima que los beneficios fueron destinados a la financiación de gastos estructurales del sindicato, fundamentalmente costes de su personal laboral, y a capitalizar una sociedad vinculada para, a través de ella, cubrir pérdidas generadas en otras actividades.
Para ocultar a la administración el sobrecoste en que incurrían, según la Fiscalía, recurrían al aprovechamiento instrumental de las vinculaciones societarias que tenían UGT Confederal y UGT Asturias con tres sociedades de las que se proveían de los bienes y servicios para las actividades formativas tanto a nivel nacional como regional.
La investigación se inició en Asturias en diciembre de 2014 a raíz de informaciones obtenidas por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el marco de una operación por hechos similares realizada en Sevilla; según informó EFE.