El consejero de Industria, Empleo y Promoción Económica del Principado, Enrique Fernández, ha señalado este jueves en comisión parlamentaria que el Ejecutivo asturiano insta a Alcoa y Parter Capital a «revertir» la operación con el Grupo Industrial Riesgo, que se ha hecho «a espaldas» de la Mesa Técnica, por las «sospechas de falta de solvencia» de este último comprador.

El consejero ha reiterado, ante la Junta General, la desconfianza que genera el Grupo Riesgo al Ejecutivo autonómico en base a la información recabada durante los últimos meses. «Desde Riesgo están a tiempo de remitir información fidedigna sobre su solvencia económica y técnica», ha añadido, asegurando que el Principado estaría «encantado» de recibirla y que sería «conveniente», aunque admite que «no existe obligación legal».

Por eso, Fernández reclama a Alcoa, antigua propietaria de la fábrica avilesina de Alu Ibérica, y a su primer comprador Parter Capital que se «retrotraiga» la situación a julio del año pasado en la Mesa Técnica para poner la fábrica «en manos de un gestor que garantice su viabilidad industrial y empleo a futuro».

El consejero sostiene que, desde el anuncio «sorpresivo» de la compra por parte de Grupo Riesgo existen «legítimas sospechas sobre solvencia y seriedad de esta compañía».

Asimismo, ha recordado que el Gobierno asturiano ha pedido al Ministerio de Industria buscar soluciones «sin descartar ningún escenario», incluida «la intervención pública», con el objetivo de cumplir los compromisos iniciales pactados con Alcoa en la Mesa Técnica de garantizar el empleo y la viabilidad futura de la factoría avilesina.

Desde Podemos, el diputado Daniel Ripa ha alertado de que esta operación podría obedecer a «una estafa», que ha denominado «Alumocho», o a «una estrategia de cierre planificada desde el principio por Alcoa». Así, ha reclamado al Principado y al Ministerio a intervenir para evitar el cierre de la planta y garantizar el empleo y el futuro industrial.

Para el diputado de Vox Ignacio Blanco se adoptó la peor solución para Avilés al escoger a Parter frente otras ofertas, como Quantum. Al respecto, el consejero rechazó analizar el pasado desde el futuro, recordando que Asturias actuó con «solidaridad» respecto a la planta de A Coruña para buscar una «garantía» para ambas factorías, reconociendo «disgusto» ante la actual situación.

«No seré yo quien defienda a Alcoa», ha apuntillado Fernández, añadiendo que ni la multinacional norteamericana, ni Parter, ni Riesgo están «acertando» para lograr el objetivo unánime que existe en Asturias y que pasa por «garantizar el 100% de los puestos de trabajo y la continuidad y las capacidades productivas de la planta de Avilés».

Además, a preguntas de Foro y de IU el consejero ha reiterado la necesidad de la intervención del Ministerio «por cualquier medio que sea posible y legalmente aceptable» para reconducir la situación cuanto antes y generar certidumbre a los trabajadores. «Ya estamos en una situación en la que no deberíamos estar», ha lamentado.

Por su parte, la diputada de Ciudadanos Susana Fernández ha instado al Principado a cumplir las promesas electorales y le ha reclamado un seguimiento del proceso, al tiempo que ha mostrado preocupación por la dilación en el tiempo de esta situación y sus consecuencias entre los trabajadores. En ese sentido, el consejero ha argumentado que las competencias del Gobierno asturiano son limitadas en este caso, reiterando su exigencia al Ministerio para ofrecer tranquilidad a la plantilla con urgencia.

Respecto al retraso en la aprobación del Estatuto Electrointensivo, Enrique Fernández ha recordado la paralización generada por el estado de alarma decretado frente al coronavirus, al tiempo que ha mencionado la carta enviada recientemente al Gobierno central para que se retome cuanto antes su tramitación.

Álvaro Queipo (PP) sostiene, por su parte, que «ya ha habido una intervención estatal» durante el proceso de venta de Alu Ibérica y ha afeado al titular autonómico de Industria que «sigue siendo un convidado de piedra». «¿Qué puede hacer usted como consejero para salvar la planta de Avilés? Acéptelo y no volveremos a traerle a esta cámara a hablar sobre este asunto», ha apuntillado el diputado popular.

El consejero ha defendido que el Estado no hizo una intervención sino una «intermediación» para «subrogar de alguna manera la gestión». Además, Enrique Fernández ha pedido que se haga un ejercicio de rigor antes hacer propuestas para que sean posibles legal y presupuestariamente; según recogió Europa Press.

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El Principado insta «revertir» la venta de Alu Ibérica al Grupo Riesgo