Mallada defiende en el TSJA que volvería a votar a favor del geriátrico de Felechosa

La portavoz del PP en la Junta General compareció como investigada en una de las ramificaciones del Caso Hulla

Teresa Mallada accede a la sede del TSJA, en Oviedo
Teresa Mallada accede a la sede del TSJA, en Oviedo

La portavoz del PP en la Junta General María Teresa Mallada ha asegurado este lunes que actuó «con responsabilidad y asesorada jurídicamente» cuando votó a favor de la cesión gratuita del terreno donde se construyó el geriátrico de Felechosa (Aller) y ha reconocido ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) que «volvería a hacerlo».

Mallada ha declarado como investigada durante dos horas en el TSJA para responder a las preguntas del magistrado-instructor de la Sala de lo Civil y Penal Ignacio Vidau, de su abogado defensor y del fiscal anticorrupción, que ha intervenido a través de videoconferencia, aunque se ha negado a contestar a la acusación popular del Observatorio Anticorrupción de Asturias.

La diputada popular ha reconocido que está «muy satisfecha» de haber podido aclarar las razones de su voto favorable en 2008 a la cesión cuando era concejala de la corporación municipal de Aller ya que, gracias a ello, Felechosa dispone de una residencia de ancianos con 160 usuarios y casi un centenar de empleos.

La portavoz popular ha reconocido que ella estaba «perfectamente asesorada» de que su voto favorable «era lo que tenía que hacer y así lo hizo» y todas sus actuaciones «son meditadas».

Ha eludido responder a la pregunta de si es optimista ante un posible sobreseimiento de la causa y ha asegurado que su declaración de hoy ante el TSJA por su condición de aforada era un trámite que «tenía pendiente. Era lo que correspondía hacer y es lo que he hecho», ha dicho.

Su abogado defensor, Ignacio Álvarez-Buylla, ha anunciado que presentará un escrito con documentos acreditativos de la falta de responsabilidad y de ilegalidad en su actuación y aportará el dictamen de un catedrático de Derecho Administrativo que lo refrenda.

El letrado aportará, entre otras, una sentencia del Tribunal Supremo en un caso similar de 2002 que, a su juicio, «es demoledora con la tesis del fiscal».

Álvarez-Buylla, que ejerce la defensa también del resto de ediles del PP e IU, ha afirmado que «jurídicamente» le parece «una locura» que se impute a toda una corporación y ha explicado que, a preguntas suyas, la propia Mallada ha admitido que «volvería a votar favorablemente».

El abogado ha manifestado que el fiscal «se monta una película» al decir que el exdirigentedel sindicato minero SOMA-UGT y del PSOE José Ángel Fernández Villa y el entonces presidente del Montepío de la Minera, José Antonio Postigo, «compraron a la corporación para favorecer la construcción del geriátrico» ya que la iniciativa era «perfectamente viable y elogiable».

Por el contrario, «lo que no es elogiable», ha añadido, es que luego en la ejecución de obra «falten nueve millones de euros entre el presupuesto y los 30 millones».

La titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Oviedo había elevado al TSJA una exposición razonada en la que acordaba su inhibición en la causa en atención a la condición de aforada de Mallada, que formaba parte de la corporación allerana que en 2008 aprobó la cesión de los terrenos al Montepío para el geriátrico de Felechosa.

La construcción de este equipamiento está en el foco de la investigación abierta para determinar el origen de los 1,2 millones de euros y los 436.000 que regularizaron, respectivamente, José Ángel Fernández Villa y José Antonio Postigo.

Según el criterio de la Fiscalía, el juzgado debía dar traslado al TSJA ante la falta de competencia objetiva de la parte de la investigación relacionada con la compra y cesión gratuita de los terrenos al Montepío, aprobada en 2008 en el pleno por unanimidad pese a los reparos de la intervención municipal, así como el inicio de las obras sin la licencia necesaria, según la Fiscalía, con el conocimiento de la corporación.

Esta parte de la investigación afecta al propio Postigo -como inductor- y a toda la corporación de Aller como presuntos autores de los delitos de prevaricación administrativa, prevaricación urbanística y tráfico de influencias.

El Ayuntamiento de Aller -gobernado entonces por el PSOE con siete concejales los mismos que el PP mientras que IU contaba con tres ediles - aprobó la la cesión pese a los informes desfavorables que habían emitido la Secretaría y la Intervención municipal; informó EFE.

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