Digitalización y duplicidades, los puntos débiles de la administración asturiana

Los agentes sociales y partidos debaten las propuestas para la reforma planteada por el Principado


Todavía está muy verde el planteamiento que el Gobierno asturiano vaya a presentar a los partidos y a los agentes sociales tras el anuncio de su intención de iniciar una reforma de la Administración autonómica. El presidente del Principado, Adrián Barbón, aseguró que no pasará por una reducción de plantilla pero también recalcó que era un «clamor social» volverla más agil y reducir la burocracia. Pero ¿dónde? ¿cuáles son los puntos débiles de la administración asturiana?

Fundamentalmente las quejas se acumulan respecto a la falta de digitalización o, incluso, en el hecho de que trámites que se resuelven por vía telemática terminen por exigir también que haya que presentar papeles para un mismo procedimiento. Además, las protestas que más se repiten atañen la demanda de que puedan reducirse trámites y que los servicios públicos cuenten con una información mejor coordinada para no pasar de una ventanilla a otra o de organismo en organismo.

A juicio de los empresarios, los contratos con la admnistración se han vuelto más farragosos debido al aumento de procedimientos de control en la última década. «La legislación siempre debe ser garantista, pero se convirtió en excesivamente garantista en los últimos seis u ocho años como consecuencia de algunos episodios desagradables que hubo en diferentes ámbitos de contratación y que ha hecho enormemente complejo los ámbitos de licitación sin ir más lejos»; apuntó el director general de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE), Alberto González.

El dirigente de la patronal señaló ante todo una desventaja asturiana: «La falta de digitalización de la administración, hay comunidades en las que gracias a estos medios la administración dispone de toda la información de las empresas en tiempo real y en cualquier ente admnistrativo y aquí en Asturias eso no pasa. De hecho se están dando casos en los que tienes que presentar los expedientes de forma digital, para cualquier tramite y encima en papel, con lo cual es doble trabajo».

Entre los sindicatos se está a la expectativa de lo que pueda llegar a proponer el Gobierno y, hasta entonces, se evitan los pronunciamientos de calado. Apuntan en todo caso que la última reorganización del propio gabinete de consejerían ha demorado cualquier cambio porque faltan por dotarse algunos servicios. La responsable de la Federación de Servicios Públicos de UGT, Marisol Gómez indicó que en los últimos tiempos, con buena parte de la administración desplazada a casa con teletrabajo por la pandemia ha podido crecer esa sensación porque «la burocracia es lenta y más en estas circunstancias, pero tampoco la ciudadanía sabe utilizar en muchos casos las aplicaciones on line». Respecto a la reforma indicó que espera sobre todo una redistribución de efectivos entre los departamentos.

Algo que puede dar una idea del futuro es la intención manifiesta por parte del Gobierno asturiano de aprovechar la implatación del ingreso mínimo vital desde el Estado para dedicar personal y esfuerzos que ahora estaban concentrados en el Salario Social de Asturias a reducir las listas de espera de la Ley de Dependencia.

Sin embargo, para el secretario de organización de la Federacion de Servicios a la  ciudadania de CCOO de Asturias, Juan José Arcano, buena parte de las críticas a los funcionarios son injustas y responden a tópicos. «Es un mantra que está establecido en la sociedad lo de 'vuelva usted mañana' y para nada es cierto. Hay una disfunción bastante importante en cuestiones de jefaturas. Lo que es con empleados públicos, tanto laborales como de cualquier índole, la administración está perfectamente engrasada y funciona con bastante normalidad». Y añadió que «nos consta que en estos tiempos de la pandemia funcionó bastante mejor la mayoría de organismos públicos que el sector privado. Pueden decir que hubo problemas en el SEPE, pero con una plantilla diezmada que lleva sufriendo recortes desde el año 2012 y donde se jubila gente todos los años y no se repone. Con un volumen de millones de expedientes lógicamente sí se puede notar una falta de respuesta, pero debido a que no hay el número de empleados públicos suficientes y sin los medios tecnológicos apropiados».

En el parlamento, desde hace años, han sido los partidos del espectro conservador los que han abanderado esencialente las propuesta de reforma de la administración asturiana que en varias ocasiones calificaron de «mastodóntica».

En todo caso, el diputado del PP Pablo González, señaló que más allá de una reducción de organismos, «el problema, y de lo que se queja mucha gente, es que no puede ser que la administración esté pidiendo a los administrados permanentemente papeles que ya tiene la propia administración y eso ocurre todos los días a todas horas». Los populares recalcaron que, antes que una ventanilla única, apuestan por «impulsar  un procedimiento de trámite único, porque ir a un sitio cuarenta veces no es útil tampoco. De forma que cuando solicites lo que sea, la administración no te pueda pedir algo que ya tiene la propia administración; eso, que de por sí ya está en la legislación, nunca se cumple».

El diputado popular explicó también que su grupo no considera sincero el deseo del gobierno asturiano de reformar la admnistración y reclamó un debate en la Junta General para aportar «ideas técnicas». Por ejemplo, «con urgencia hay que reformar el tema de la declaración responsable, hay que generalizarla para cualquier cosa, para casi todo. Lógicamente, pendiente de una inspección posterior, faltaría más. Antes del confinamiento el gobierno aprobó la reforma y ampliación del salario social de manera que los beneficiarios podían presentar exclusivamente una declaración responsable. Si eso lo hizo, y está bien hecho, ¿por qué no se generaliza el sistema? Nosotros lo proponíamos para las ayudas a los autónomos por ejemplo y no se quiere hacer. Hay que cambiar la carga de la prueba y suponer siempre que el ciudadano está defraudando. Hay que hacer que el ciudadano funcione con poco papeleo y, eso sí, inspecciones y al que se le pille que se le caiga el pelo».

Por su parte, desde Ciudadanos, su portavoz en la Junta General Laura Pérez Macho señaló que «le pedimos a Barbón desde comienzos de la legislatura que iniciase esa reforma de la administración que Asturias necesita, que arrancase ese proceso de modernización de la dirección y gestión del sector público apostando por el análisis de costes, la gestión del talento, la implantación de nuevas tecnologías y el control de la calidad de los servicios». La responsable naranja destacó que esta reforma está incluida en el programa de su formación en los últimos comicios.

«No se puede hacer una reforma del sector público asturiano si no se empieza por la primera etapa del cambio que es la auditoría de costes, saber cuánto cuestan las cosas. Ciudadanos ya le propuso al presidente Barbón a final del año pasado que encargara una auditoría a la Autoridad Fiscal Independiente (la Airef), una entidad pública que cuenta con conocimiento, experiencia y tecnología adecuada para el análisis y manejo de los datos. El problema, sospechamos, es que la Administración asturiana no dispone ni tan siquiera de esos datos porque es probable que tampoco en este 2020 esté siendo capaz de implantar un sistema informático de consolidación contable y de contabilidad de costes que integre a todo el sector público asturiano»; añadió Pérez Macho.

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