El colectivo de padres de familia y alumnos (Concapa) no descarta poner en marcha un proceso judicial para defender la educación en los centros concertados
14 jul 2020 . Actualizado a las 05:00 h.La afirmación de Juan Manuel Cofiño, vicepresidente del Ejecutivo autonómico de que la administración regional «concentrará sus esfuerzos en la enseñanza pública» frente a la concertada teniendo en cuenta que los recursos limitados ha levantado ampollas en la escuela concertada hasta el punto de que tanto representantes del profesorado como de los padres y alumnos han considerado que lo planteado en rueda de prensa por Cofiño y la Consejera de Educación, Carmen Suárez, es «una discriminación» contra la que todo hace indicar que se rebelarán.
José Manuel Cueto González, secretario general del sindicato de trabajadores de la educación concertada en Asturias (OTECAS), considera que dicho anuncio «es una discriminación en toda regla de este gobierno hacía todos los alumnos de la enseñanza concertada asturiana». Y acusa al Principado de utilizar «un doble lenguaje» al transmitir por un lado el mensaje «de que no va a dejar a ningún ciudadano atrás» y, por otro, «dejar totalmente desprotegidos a unos 30.000 alumnos aproximadamente que están escolarizados en centros concertados».
«Hay que recordarle al Gobierno regional que en la enseñanza concertada asturiana también hay escolarizadnos muchos alumnos cuyas familias lo están pasando muy, muy mal», ha manifestado Cueto, que se pregunta «cómo es posible que la educación concertada asturiana con las plantillas más bajas de España y a años luz de las de la educación pública asturiana pueda bajar las ratios a 20 alumnos sin contratar a más profesores». En su opinión, es «un auténtico disparate y una contradicción en sí misma», por lo que acusa al Gobierno regional de establecer «una posición sectaria».
«Discriminados» considera también la Confederación Católica de Padres de Familia y Alumnos (Concapa) que se quedan los alumnos de la concertada con las manifestaciones realizadas por el vicepresidente del ejecutivo autonómico y la consejera de Educación, aunque la presidenta de este colectivo, Desiré Fernández, advierte que «si va a ser así, Concapa irá judicialmente a donde haya que llevarlo».
Al margen de la discriminación, la misma considera que los anuncios realizados por el Principado no aclaran dudas como pueden ser si con las ratios de 20 alumnos en los primeros cursos de primaria se van a poder garantizar las medidas sanitarias. Así, la misma reivindica medidas como que la entrada de alumnos a los centros sea escalonada, que haya control de temperatura, que se hagan test masivos periódicos a toda la comunidad educativa y que se establezcan en los centros protocolos por si surge algún caso positivo de COVID-19. «Tiene que haber protocolos reales en las escuelas y no recomendaciones», reivindica Desiré Fernández, que también señala que no se invierte en profesorado para la concertada para hacer grupos más pequeños no se dan garantías sanitarias porque «las clases no están preparadas».