La derecha asturiana ya está empezando a afilar el colmillo porque ha encontrado su casus belli. A falta de otros frentes de batalla (la gestión de la pandemia tiene de momento pocas aristas imputables) tanto PP como Vox han puesto el foco en la educación concertada. El anuncio de que el fondo de 30 millones del coronavirus se va a dedicar a la educación pública ha puesto en pie de guerra a la Concapa, al PP y a Vox. La posibilidad de que el asunto acabe en los tribunales va a erizar este asunto durante los próximos meses. Ayer mismo, Vox recordó a Barbón que estudió en la concertada (cursó Primaria en el colegio San José de Sotrondio). El presidente respondió que estaba orgulloso de su CV «pero mi obligación es trabajar por la educación pública».
«Concapa irá judicialmente adonde haya que llevarlo», afirmó el martes en La Voz Desiré Fernández, presidenta de los padres católicos. A la crítica se unió también en este diario el sindicato de trabajadores de la concertada que considera que «es una discriminación en toda regla». Y el efecto dominó llegó ayer. María Teresa Mallada afirmó que el Grupo Popular está estudiando llevar a los tribunales el «ataque» del Gobierno Barbón a la educación concertada. «Nuestros servicios jurídicos exploran todas las posibilidades para llevar por vía judicial esta discriminación», afirmó la portavoz popular en la Junta.
El PP no estará solo en la batalla. Ignacio Blanco, portavoz de Vox en la Junta ha recordado que el presidente asturiano estudió en un colegio concertado, el San José de Sotrondio, que cerró en 2019. «Ningún niño podrá presumir de haber estudiado en el colegio del presidente de Asturias», le ha soltado al presidente. Blanco ha usado un curioso eufemismo para calificar a la concertada: «escuela pública de gestión indirecta».
Barbón ha respondido al diputado de Vox que él nunca se ha avergonzado de su curriculum. «Reivindicó que estudie en un colegio privado-concertado, en un instituto público (el IES David Vázquez Martínez de Laviana) y que me licencié en la Universidad de Oviedo». «Se equivoca si cree que de mí va a salir algo en contra de la educación que tuve, pero mi obligación es trabajar por la educación pública, que es la que tiene que llegar a todos los rincones de Asturias, incluso a aquellos tan pequeños que tienen cuatro alumnos», ha intentado zanjar Barbón. El presidente ha afirmado que mantiene los acuerdos y conciertos hasta 2023, lo que supondrán 528 millones de euros de las arcas públicas. La batalla no ha hecho más que empezar.