El conjunto de las comunidades autónomas españolas dejará de ingresar unos 1.000 millones por el impuesto de Sucesiones
27 jul 2020 . Actualizado a las 05:00 h.La crisis sanitaria ha provocado un terremoto cuya onda sísmica amenaza a todas las estructuras del estado del bienestar. La pandemia ha obligado a las administraciones a reordenar sus partidas de gasto y a endeudarse, dos factores que, a la larga, tienen repercusión en el día a día de las familias. Además, hay otras medidas que han afectado a la población más directamente, económica y socialmente, como son el paro -mitigado por los ERTEs- o todas las restricciones que supone la nueva normalidad. No hay prácticamente ningún elemento de la vida cotidiana que no se haya visto alterada por la enfermedad, y las herencias no son una excepción. Un estudio recoge que el aumento de la mortalidad ha llevado aparejado el incremento de las herencias sin reclamar, también en Asturias, lo que se traduce en una pérdida millonaria de ingresos para las administraciones en concepto de impuesto de Sucesiones.
El Grupo Hereda, la única empresa española especializada en genealogía sucesoria y tramitación de herencias, se dedica investigar las herencias sin sucesores en España. Según sus cuentas, debido a la crisis del coronavirus, más de 8.000 herencias sin herederos conocidos quedarán sin administrar y sin liquidar los impuestos. El impacto en Asturias es menor, pero el número de casos ronda la treintena, según la empresa.
Esta situación tiene tres consecuencias fundamentales, explican desde Hereda. El primer problema es la generación de deudas a la administración pública y a las entidades de tutela, que deben cubrir los gastos de entierro de esos fallecidos, estimados en 4.500 euros por persona. Esto ha ocurrido fundamentalmente en Madrid, con decenas de cadáveres sin reclamar e incluso sin filiar. Desde el Principado aseguran que esta situación no es ha dado en Asturias.
El segundo problema es el de la gestión y administración de los bienes propiedad de los fallecidos sin filiación. Inmuebles y depósitos bancarios sin heredero conocido, por un valor total estimado en todo el país más de 1.600 millones. Estos bienes abandonados ocasionarán, según Hereda, «deudas en las comunidades autónomas, problemas en las comunidades de propietarios, apropiaciones indebidas, ocupación ilegal y generarán los costes directos de la gestión de 5.000 herencias abandonadas; de las cuales un 85% tiene herederos aunque desconocidos y por lo tanto el Estado no podrá cobrar».
El tercer problema es la pérdida de ingresos en concepto de impuesto de Sucesiones, que alcanza 1.000 millones en España.
Situación es Asturias
Los datos del Principado recogen que Asturias han muerto por coronavirus 339 personas, «sin contar con el número de fallecimientos por otras causas, viéndose afectados según fuentes públicas más de 69 centros», explican desde Hereda. «La pandemia ha tenido un impacto devastador en las residencias de adultos de mayores, siendo el 67% de los fallecimientos contabilizados oficialmente en Asturias registrados en geriátricos desde el inicio de la crisis sanitaria». Se estima que «en torno al 10% según datos obtenidos por Grupo Hereda de estos fallecidos tengan parientes o familiares desconocidos». Es decir, unos 30.
Desde Heredia también recuerdan que durante el estado de alarma, y ante la imposibilidad de salir a la calle y el cierre de las administraciones, las comunidades autónomas flexibilizaron los plazos para pagar los impuestos, entre ellos el impuesto de sucesiones. «El Principado, en concreto, el 23 de marzo publicó un decreto por el que se acordaba que se interrumpían los plazos hasta que cesase el estado de alarma, con efectos retroactivos desde el 12 de marzo de 2020» explican desde el grupo antes de añadir que «tras este cese se ha puesto todo en marcha de nuevo saturando y colapsando las administraciones y dificultando mucho el proceso de tramitación de herencias».
«Asturias es una de las regiones españolas con el impuesto de Sucesiones más elevado, siendo la cuarta región más cara del país, y una de las de mayor presión fiscal», sostienen desde Hereda. «La pérdida de estas herencias por parte de sus herederos legítimos por su desconocimiento no sólo supondrá para la región una gran pérdida económica de millones de euros, sino que decenas de viviendas quedarán abandonadas y supondrá también un potencial problema para vecinos, ya que muchos de estos inmuebles son ocupados, otros quedan en abandono y no se pagan las cuotas de la comunidad, o crean problemas de salubridad, entre otros», concluyen.