-En los concejos costeros, como el suyo, está el problema añadido de las playas, con el cumplimiento de la distancia de seguridad en la arena y los parkings a rebosar. En muchos municipios hasta se ha contratado seguridad privada. ¿Existe coordinación entre ayuntamientos? ¿Con qué se están pagando estos servicios extra?
-Sobre las playas, los ayuntamientos costeros hemos debatido mucho durante los últimos meses, manteniendo incluso reuniones con el Gobierno regional y con Delegación de Gobierno. Y a partir de aquí en cada concejo está gestionando el disfrute de los arenales de acuerdo a las características de cada uno, que son muy diferentes. Evidentemente no podemos hacer todo lo que quisiéramos porque no tenemos los recursos; pero con los que tenemos hacemos todo lo que podemos para que se pueda disfrutar de las playas con seguridad. Y perdone que insista, pero en este tema la responsabilidad individual también es imprescindible.
-Cómo valora la reacción de los ayuntamientos asturianos frente al coronavirus. ¿Fueron realmente la administración más cercana al ciudadano? Denos ejemplos de medidas adoptadas.
-Como presidenta de la FACC, me siento muy orgullosa de la respuesta ofrecida por los ayuntamientos asturianos. Creo sinceramente que ha quedado demostrado que somos la Administración más cercana a la ciudadanía. Y se pueden poner muchos ejemplos, pero creo que basta con dos. El primero, alcaldes que han recorrido su concejo llevando la compra a aquellas personas que, durante el confinamiento, no podían hacerla personalmente. Y el segundo, la atención que se dispuso para las personas sin techo.
-Una de sus principales luchas ha sido el uso de los remanentes para hacer frente a todos esos gastos extra que están afrontando. ¿Cómo valora el acuerdo? ¿Es un buen acuerdo o es un mal menor?
-A título personal considero que, pese a no recoger la totalidad de las reivindicaciones planteadas por el municipalismo, el acuerdo supone un notable avance sobre la situación actual. Como es sabido, desde la aprobación en 2012 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, los ayuntamientos no hemos podido usar nuestros remanentes, algo que con este acuerdo sí se podrá hacer. Y en este sentido, es positivo. Además debe valorarse la aportación de 5.000 millones por parte del Gobierno central.
-Los ayuntamientos gobernados por el PP tilda de «confiscación» ese 50% de los remanentes que se prestarán al Estado. ¿Cómo lo califica usted? ¿Es justo prestar al Estado un dinero que ustedes han ahorrado durante los tiempos de vacas flacas?
-No comparto la opinión del PP, pero la respeto. Como he dicho, personalmente lo considero un avance sobre la situación actual, pues permite a los ayuntamientos con remanentes de tesorería utilizarlos.
-En base a este acuerdo, si finalmente es aprobado, ¿qué inyección de liquidez recibirán los concejos asturianos? ¿Qué se podrá hacer con esos fondos?
-Todavía es prematuro hablar de cifras, porque lo primero es que cada ayuntamiento con remanentes decida si se acoge a esta fórmula, que es voluntaria. Y sobre lo que podremos hacer, pues básicamente acciones vinculadas a la Agenda Urbana Española y de movilidad sostenible, cuidados de proximidad y cultura. Son áreas de muy amplio espectro donde se incluye desde reforzar los servicios sociales a infraestructuras culturales, desde la recuperación del Patrimonio Histórico a la renovación de abastecimientos de agua y obras de saneamiento. El catálogo, desde luego, es muy amplio.
-¿Hasta qué punto pueden hacer algo los ayuntamientos para la reactivación económica y dónde empieza la responsabilidad de otras administraciones con más capacidad económica?
-Los ayuntamientos debemos ser coprotagonistas de la reactivación económica con todos los medios que tenemos a nuestro alcance y de acuerdo a las peculiaridades de cada concejo. Creo que esto es algo que nadie pone en duda. Y en este contexto, abogo por sumar los recursos que cada Administración pueda poner al servicio de esa recuperación, como son los remanentes en el caso de los ayuntamientos. Cierto que somos tres Administraciones, pero formamos un único Estado y con ese criterio de unidad debemos actuar.
-Lo cual nos lleva a las competencias impropias que los ayuntamientos asumen igualmente por el bien de los vecinos. ¿Qué pasaría si dejaran de prestarse?
-Pues que quien saldría perjudicada es la ciudadanía a la que servimos. Por eso, dejar de prestarlas no se baraja ni como hipótesis.
-¿Necesitan más autonomía los ayuntamientos? ¿Son demasiado rígidas las leyes que regulan su funcionamiento, demasiado de talla única sin contemplar las peculiaridades de cada uno?
-Es una cuestión sobre la que conviene reflexionar, especialmente sobre simplificación de los trámites administrativos y la carga burocrática que soporta el medio rural, algo sobre lo que existe un amplio consenso. De hecho, el documento Estrategia nacional frente al reto demográfico elaborado por el Comisionado del Gobierno central en esta materia expone la necesidad de promover «iniciativas de simplificación normativa y administrativa que permitan una mayor facilidad de gestión y ejecución de las medidas de emprendimiento» en el medio rural. Y para ello propone «crear un marco normativo que incorpore la reducción progresiva de cargas administrativas».
-Otro de los grandes temas pendientes de la Federación Asturiana de Concejos y también del Principado es la futura gestión de las escuelas de 0 a 3 años. ¿Cuál es la propuesta de la FACC?
-De forma reiterada los órganos de gobierno de la FACC vienen planteado que la gestión integral de esta red, tanto su coste como su personal, sea asumida por la Administración regional como una etapa más de Educación, limitando la acción de las Corporaciones Locales a lo establecido por la legislación vigente: la conservación, el mantenimiento y la vigilancia. Y en este contexto, el pasado enero celebramos una reunión con la Consejera de Educación donde se alcanzó el compromiso de estudiar conjuntamente las distintas opciones que se puedan articular para gestionar la Red de Escuelas de Educación Infantil. Evidentemente la pandemia ha trastocado los calendarios y hoy las urgencias son otras, pero el objetivo de la FACC es que se articule más pronto que tarde un nuevo modelo de gestión.
-La sangría demográfica en Asturias parece imparable. ¿Qué medidas defienden desde la FACC para fijar población en la zona rural?
-Las medidas pueden ser muy variadas, pero si se pregunta a los alcaldes y alcaldesas de los concejos rurales casi seguro que como acción prioritaria situarían las telecomunicaciones. Cierto que no son la solución definitiva frente a la despoblación, pero incuestionablemente una buena conectividad forman parte de la solución para que las zonas rurales tengan una oportunidad para fijar población.
-Se agita de manera periódica el fantasma de la fusión de concejos, para tener un mapa municipal más sostenible. ¿Cree que es necesario?
-Es un tema recurrente ante el que desde la FACC siempre hemos respondido igual: no sobran concejos, lo que debe mejorarse es la cooperación intermunicipal.
-Hace apenas un año, el alcalde de Oviedo , Alfredo Canteli , se ofrecía como «mediador» o «interlocutor» de los concejos ante otras instituciones, lo que parecía un modo de ningunear a la FACC. ¿En qué quedó aquella idea?
-En la FACC no lo entendimos como un intento de ningunear a nuestra entidad. Al contrario, lo consideramos como un ofrecimiento expreso del alcalde de Oviedo a colaborar con todos los Ayuntamientos para unos objetivos que no son comunes. Y como tal lo valoramos y agradecemos.
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Cecilia Pérez
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