El Principado suma 129 casos en el último lustro. Los expertos advierten a los afectados de que nunca tomen acciones fuera del marco jurídico
15 ago 2020 . Actualizado a las 08:03 h.La ocupación ilegal de pisos es un problema creciente en España. En Asturias las cifras están lejos de ser espectaculares, si bien en los últimos años se aprecia una tendencia al alza que, por lo que parece, continúa en 2020. El Ministerio del Interior acaba de publicar los últimos datos relativos a los hechos conocidos de ocupación ilegal de inmuebles en el país.
En el último lustro, se han dado 129 casos en Asturias, 34 de ellos el pasado ejercicio. En los últimos tres años, la región ha experimentado un repunte del 44% en el número de okupaciones. Una tendencia que parece que se mantendrá, ya que en el primer semestre se han registrado 20 ocupaciones ilegales de inmuebles, tantas como en el mismo periodo del año pasado.
Los datos están lejos, sin embargo, de los 3.611 de Cataluña o los 1.183 de Andalucía. Galicia, con un 34%, es la comunidad con mayor incremento de denuncias respecto al año anterior, seguida de Murcia y Canarias, con un aumento del 19,7% y el 14,7 %. Asturias, sin embargo, es, tras La Rioja, la comunidad autónoma con un menor número de denuncias y casos registrados por cada 100.000 habitantes (1,95). Según los datos de Interior, las denuncias por ocupación han aumentado a una media de 41 al día, llegando a 7.450 casos en el primer semestre del 2020, un 5% más que el mismo periodo del año anterior.
Marco Antonio Martín González, abogado gijonés especializado en asesoramiento en casos de ocupación ilegal, explica que en Asturias «desde finales del año pasado se ve un aumento en los juzgados de casos de usurpación de vivienda, a cargo de gente profesionalizada más que por pura necesidad». Es lo que, en ámbitos legales, «ya se denomina como mafias de okupas».
El letrado considera que «hay que diferenciar la vivienda habitual de la segunda vivienda. Si el hecho se produce donde tú vives, hablamos de allanamiento de morada». En la ocupación ilegal de un piso o una casa, «el okupa entra sin consentimiento en un inmueble que no constituya vivienda, sin violencia ni intimidación».
Al intruso «eso le cuesta una multa de tres a seis meses. A tres euros diarios, le salen seis meses de vivienda por 270 euros». En este sentido, señala que el problema es que la ley no contempla «penas de cárcel» por lo que, en su caso, siempre recomienda «la vía civil ya que, sobre el papel, en mes y medio están fuera».
El problema es que con el «colapso de los tribunales» en España estos procesos suelen extenderse y lo que deberían ser 90 días «se te acaban convirtiendo en cinco meses». No duda en afirmar que «para estos temas hay que recurrir a un profesional legal especializado en la materia». «Conociendo los mecanismos legales el proceso es rápido», señala. Destaca que, por su experiencia, «a los propietarios, más que los trámites legales en sí, les suele preocupar lo que se van a encontrar después de que accedan a la vivienda».
Recuerda que «la vía civil solo puede ser ejercitada por una persona física» y advierte a las personas que se vean afectadas por una ocupación «que nunca hagan actuaciones distintas a la vía civil, como cortar la luz o entrar a la fuerza a la vivienda», ya que «el okupa lo primero que hará es poner una denuncia por coacciones», lo que «puede interrumpir el proceso».
Entre los casos de ocupación ilegal de inmuebles más conocidos en la región se encuentra el del edificio barrio del Carmen, en Gijón. Recientemente una de las personas que vive de manera irregular en el mismo se precipitó desde un segundo piso hasta el patio interior, por lo que precisó ser trasladado hasta el hospital de Cabueñes. Este es uno de los principales focos de conflictividad del barrio, ya que en los últimos tiempos han sido habituales los conflictos entre‘okupas, vecinos y hosteleros.
A principios de este año la Policía desalojó en Oviedo el edificio del número 34 de la calle Torrecerredo en Ciudad Naranco. En febrero, el desalojo de la Casa Ronzón en Lena se saldó con dos detenciones por desobediencia y resistencia a la autoridad.
De acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística, en su Encuesta de Condiciones de Vida, solo el 13,86% de las viviendas en la región está en régimen de alquiler. 83.000 de las casas y pisos que hay en el Principado (el 13,5%) están vacíos, si bien un elevado número de estos inmuebles no reúnen las condiciones de habitabilidad necesarias.