El Observatorio Ciudadano Anticorrupción de Asturias (Ocan) ha presentado un recurso de reforma contra el auto del Tribunal Superior de Justicia por el que sobresee la causa abierta contra los ediles de la corporación municipal de Aller, entre 2008 y 2010, por el «caso Hulla» donde está personado como acusación popular.

El abogado Alberto Suárez, de Ocan, ha explicado a Efe que ha presentado un recurso de reforma ante el magistrado-instructor Ignacio Vidau contra el auto que acuerda el archivo y sobreseimiento libre de la corporación allerana y, en caso de su desestimación, subsidiariamente un recurso de apelación ante la Sala de lo Civil y Penal del TSJA.

Con este recurso, el letrado quiere que el procedimiento siga adelante contra los 18 ediles que conformaban la corporación -entre los que figuraba la actual portavoz del PP en la Junta General, Teresa Mallada- por los delitos de prevaricación administrativa, prevaricación urbanística y tráfico de influencias por la cesión gratuita de los terrenos para construir una residencia geriátrica en Felechosa.

La construcción del geriátrico, con cargo a los fondos mineros, está en el foco de la investigación abierta en el denominado «caso Hulla» para determinar el origen de los 1,2 millones de euros y los 436.000 que regularizaron, respectivamente, el exsecretario general del sindicato SOMA-UGT y exdirigente del PSOE José Ángel Fernández Villa, y José Antonio Postigo.

Por otro lado, el presidente de Ocan, Manuel Benayas, y la abogada Gemma Arbesú, que ejerce la acusación popular en el caso de El Musel, en Gijón, han mostrado su satisfacción por la decisión de la Audiencia Nacional de abrir juicio oral contra 21 personas, entre ellas cuatro exaltos cargos de Puertos del Estado.

Arbesú ha señalado que comparte el criterio de la Fiscalía que imputa delitos de prevaricación y fraude a los investigados en el proceso de ampliación del puerto gijonés de El Musel, si bien Ocan añadirá a estas peticiones otra solicitud de condena por un delito de malversación de caudales públicos.

Entre los investigados figuran el entonces secretario de Estado de Transportes, Fernando Palao, el expresidente de Puertos del Estado, Mariano Navas, el expresidente y el exdirector del puerto gijonés, Fernando Menéndez y José Luis Díaz Rato, respectivamente.

La Fiscalía solicita penas de entre dos y tres años de cárcel por los delitos de fraude y prevaricación; penas a las que Ocan añade otra condena de cinco años de cárcel por el delito de malversación de caudales públicos.

Los otros 17 investigados, para los que los que la Fiscalía pide penas de dos años de prisión y nueve de inhabilitación por un delito de fraude, son responsables de las empresas que formaban parte de la UTE Dique Torres (Dragados, Drace, Sato, FCC y Alvargonzález Contratas), que resultó adjudicataria de la obra.

Las obras fueron adjudicadas por 580 millones en 2005 y finalmente costaron 800 millones, se financiaron en parte con fondos europeos, pero ante las sospechas de irregularidades en su ejecución la Comisión Europea solicitó a España que devolviese la subvención de 247,5 millones concedida al proyecto.

Ocan pide que todos los acusados indemnicen al Estado con la cuantía a la que se elevó el sobrecoste de las obras de ampliación.

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Recurren el sobreseimiento de la corporación de Aller por el «caso Hulla»