Asturias se prepara ante la cuenta atrás de la lluvia de fondos europeos

El mecanismo de transición justa y el fondo de recuperación abren la vía para que la comunidad reciba importantes ayudas en los próximos tres años


En el torbellino de la actualidad marcada por el impacto de la segunda ola del coronavirus, los debates sobre posibles futuras restricciones o confinamientos y caídas espectaculares en el ámbito económico, un parón sin precedentes en la historia reciente, los países más golpeados por la crisis, como España, giran sus ojos a Europa. La Unión ha puesto los mimbres para desplegar una estrategia de recuperación con una auténtica lluvia de millones que sólo acaba de dar sus primeros pasos. Los plazos se prologarán desde los primeros borradores y negociaciones comunitarias a comienzos del año próximo hasta los detalles finales, una vez que todo esté asignado, si todo marcha según lo previsto, a mediados de 2023. En el caso de Asturias, al fondo de recuperación se une además la expectativa de lo que pueda desplegarse en el mecanismo para una transición justa, una iniciativa destinada a cerrar la descarbonización del continente y a definir una nueva manera de entender la economía regional. Sin que ninguno de los sectores implicados, desde la administración al sector privado, se atreva a tentar al destino hablando de cifras concretas, las especulaciones de unos y otros pasan por números que superan los 3.000 millones de euros respecto a la cantidad con la que el Principado podría empezar a decidir qué quiere ser de mayor, o cómo va a serlo en las próximas décadas. Pero el camino está marcado también por muchas fases que hay que cumplir no sin dificultades (entre ellas que España apruebe unos presupuestos generales del Estado) y que junto a los proyectos que perfile la administración pública se concreten también iniciativas que tienen que salir necesariamente del sector privado y empresarial.

A grandes rasgos en los próximos años de Europa llegarán a Asturias fondos procedentes de tres grandes vías: la primera es una ordinaria, el marco financiero plurianual (una suerte de presupuesto de la UE) que debe aprobarse para estar vigente de 2021 a 2027. Es aquí donde se incluyen muchos de los fondos que ya recibe Asturias desde el ingreso en la Unión, desde los de cohesión, los FEDER o la PAC. No son pocos ni mucho menos, todas sus líneas suponen para el Principado entre 900 y 1.000 millones de euros si se repite un marco semejante al de años anteriores. Porque podría no ser así. Para este ejercicio Asturias ha bajado de escalón, de región desarrollada a región en transición, y sin embargo, el reparto de la tarta será mucho más potente para las regiones menos favorecidas así que las intermedias tienen menos. Ante esta circunstancia la principal baza de Asturias es intentar tejer alianzas con otros territorios en situación similar, como el caso de Galicia, con el resto del noroeste peninsular, para presionar al Gobierno Central a la hora en que tenga que efectuar el reparto y no salir perdiendo respecto al marco anterior. Para esta gran pata el trabajo es en equipo junto a otros gobiernos regionales.

La segunda gran vía es el mecanismo de transición justa. En este Asturias sí debe jugar sus cartas por su cuenta primero porque, a diferencia de otros territorios, sí que afronta un proceso de descarbonización importante y fue citada de forma expresa en la presentación del proyecto por parte de la Comisión Europea. Este proyecto (a diferencia del plan de recuperación frente a la pandemia) sí está territorializado, aquí cada comunidad recibirá de forma concreta. El eurodiputado asturiano, Jonás Fernández resaltó que la exigencia inmediata es que cada comunidad elabore un plan concreto de cómo afrontará este proceso y que deberá pasar un examen europeo «antes de presentar los proyectos necesitamos un plan, cada provincia tiene que diseñarlo para ver cómo se van a cumplir varios requisitos, como por ejemplo los objetivos de reducción de emisiones antes 2030. Hay que presentarlo ante la Comisión en la próxima primavera, y, una vez que se apruebe, se podrá ir con proyectos concretos».

El director general de Asuntos Europeos, Javier Vila, insistió en este punto «Asturias tiene que luchar por su parte de tarta en el Estado porque además los fondos de transición tienen como apellido Asturias y pocas más regiones más». El mecanismo cuenta con 7.500 millones de euros del presupuesto comunitario para los próximos siete años, de los que a España le corresponderían 307,4 millones, el 4 % del total. Asturias, León, Palencia, Coruña, Teruel, Cádiz, Córdoba y Almería son las provincias marcadas como beneficiarias y Bruselas ha apuntado que la inversión debería centrarse en la creación de nuevas empresas, el despliegue de tecnologías e infraestructuras de energía limpia, renovables y eficiencia energética, así como en investigación e innovación. Recomienda además invertir en pymes y en la descontaminación de del entorno, mientras que para paliar los efectos sobre el empleo aconseja destinar fondos a la recualificación de los trabajadores y a proporcionar apoyo para la búsqueda de trabajo y la inclusión de los parados.

La tercera pata es la más desconocida y la más nueva, es fruto de la necesidad por el enorme golpe que la covid ha supuesto para el continente y está destinada a paliar los efectos de la crisis pero también, en buena medida, a transformar la economía. Es importante destacar que estos fondos no están territorializados, no habrá un reparto por comunidades, no hay cupos por regiones sino que se gestionarán desde el Estado y se desplegarán a través de los presupuestos generales mediante los ministerios. Y aquí hay que poner un paréntesis, la conditio sine qua non es que haya nuevos presupuestos (España arrastra varias prórrogas de los últimos aprobados por Montoro) y en ese acuerdo para sacar las cuentas en el Congreso mediarán presiones políticas en las que, como es obvio, habrá tiras y aflojas terriitoriales.

En todo caso, y aunque las incógnitas pesan más que las certezas ya hay cosas que sí se saben. Una es el ReacEU del que el Ejecutivo central anunció de forma reciente los primeros bosquejos, son alrededor de 10.000 millones de euros para el conjunto de comunidades que se repartirán por criterios variados como como empleo regional o caída del PIB pero el cálculo aproximado es que al final de cuentas a Asturias le corresponderá un porcentaje similar al que su población en el conjunto estatal, un 2%, alrededor de 200 millones de euros.

Pero el grueso es el fondo de recuperación en sí, Jonás Fernández señaló que tras el primer borrados presentado por el gobierno, el plan definitivo deberá concretarse el 15 de octubre para llegar después a un texto negociado con la Comisión. «El dinero va a estar disponible pero hacen falta tres piezas clave: la primera es que se apruebe, la segunda es que se apruebe desde Europa el plan de recuperación que haya presentado España y la tercera es que se aprueben los presupuestos en España», destacó Vila, quien advirtió de que una nueva prórroga impedirían que pudieran ejecutarse las partidas que se incluyan.

Ambos, el eurodiputado y el director general de Asuntos Europeos del Principado destacaron que junto a la administración, las empresas tendrán un papel determinante y que también deberán presentar iniciativas. «El fondo de recuperación lo va a gestionar Madrid pero el mecanismo de transición, que sí está territorializado, tiene una ventanilla exclusiva para financiar proyectos empresariales» tanto para solicitar subvenciones como liquidez, destacó Fernández quien añadió que «el plan que tiene que hacer Asturias se espera que sea participativo, con un comité asesor en el que el sector privado también tenga opciones de influir».

«Esto que toca ahora es el planteamiento del futuro de la región y eso no corresponde sólo al gobierno sino a toda la sociedad», recalcó Vila. El director general indicó que «no te sirve de nada que, como gobierno, tomes las decisiones que creas pertinentes si no tienes un tejido empresarial que esté interesado y con el potencial económico para desarrollarlas. Si las empresas no quieren hacer ningún tipo de innovación, como siempre en la historia de la humanidad, lo que no se adapta ahí se queda. Además, la UE tiene claro que quiere que cada euro que se ponga apalanque mucho dinero privado; y los proyectos más exitosos y que serán mejor vistos, serán lo que arrastren a iniciativa privada».

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