La jueza anula la progresión a tercer grado del exonsejero de Educación juzgado en el Caso Marea
15 oct 2020 . Actualizado a las 13:29 h.La jueza anula la progresión a tercer grado del exconsejero de Educación José Luis Iglesias Riopedre, quien cumple una condena de cinco años de cárcel por el Caso Marea. Los informes de tres médicos forenses certifican que su estancia en prisión no agrava su estado de salud.
Por tanto, la magistrada acuerda que el exconsejero regrese al segundo grado en régimen ordinario tras estimar el recurso de apelación de la Fiscalía. Para ello, argumenta que las patologías que presenta Riopedre ya están siendo tratadas por los servicios médicos especializados.
El auto, que puede ser recurrido, echa por tierra las tesis de la defensa que ha venido manteniendo que el exconsejero de Educación sufría un serio empeoramiento de su salud desde su ingreso en prisión. La abogada defensora, Anabel Prieto Torices, basaba en ello su petición para que Riopedre accediera a un régimen de semilibertad.
Prieto ha señalado que es «incierto» que no haya variado la situación de Riopedre, como sostiene la Fiscalía para informar desfavorablemente a su libertad, ya que, según afirma la letrada, las pruebas médicas así lo corroboran. Y es que su excarcelación había sido propuesta por la Junta de Tratamiento del Centro Penitenciario de Asturias que, de forma expresa, se reunió para analizar su caso ante el empeoramiento que ha experimentado en los últimos meses, especialmente al padecer varias patologías previas, sobre todo de corazón, y haber cumplido ya los 80 años.
Aunque el Ministerio Fiscal ha reconocido que el exconsejero padece diferentes patologías, entre ellas una enfermedad cardiaca, entiende que no hay un informe nuevo que haga pensar en la necesidad de su excarcelación.
Por otro lado, la salida del centro penitenciario del exconsejero en este momento dejaría, a juicio del Ministerio Fiscal, la reinserción social del penado. Asimismo, considera que sería «desmoralizador» para el conjunto de la sociedad el hecho de que, al no haberse cumplido ni la cuarta parte de la condena, su comportamiento quedara sin el correspondiente castigo, impuesto por la Audiencia Provincial y ratificado por el Tribunal Supremo.
El exconsejero socialista ingresó en la cárcel de Asturias en octubre del pasado año por su implicación en el mayor caso de corrupción destapado en la administración regional por las irregularidades en la concesión de contratos. Por ello, fue condenado a cinco años por su autoría en los delitos de prevaricación, falsedad documental y cohecho, informa Efe.