El proyecto de presupuestos contempla subir dos puntos el gravamen a los que ganen más de 300.000 euros por rentas del trabajo
28 oct 2020 . Actualizado a las 05:00 h.La subida de impuestos a los que más ganan era una de las exigencias de Podemos para apoyar los presupuestos y, finalmente, su reivindicación se contempla en el proyecto de presupuestos del 2021. Eso sí, la formación morada ha ido bajando sus exigencias iniciales y finalmente el cambio impositivo del IRPF para las rentas del trabajo solo afectará al reducido número de españoles que gana más de 300.000 euros al año. En Asturias, aproximadamente un millar.
La intención del Gobierno es elevar dos puntos la tributación para las rentas del trabajo superiores a 300.000 euros y en tres puntos las rentas del ahorro que superen los 200.000 euros. Afectará a un total de 36.194 contribuyentes, el 0,17% del total. El objetivo, aseguran desde el Ejecutivo, es dotar con mayor progresividad a este impuesto. Con esta medida, pretenden recaudar 491 millones de euros en el 2021 y en el 2022.
Los últimos datos publicados por Hacienda, correspondientes al ejercicio 2018, recogen que 1.338 contribuyentes declararon en Asturias entre 150.000 y 600.000 euros. Otras 101 personas declararon ingresar por rentas del trabajo más de 600.001 euros. Es decir, en total 1.439 personas. La medida del Gobierno afecta a las rentas superiores a 300.000, por lo que no es posible saber exactamente el número de afectados. Descontado el grupo que va de 150.000 a 300.000 euros, la cifra de asturianos que tendrá que pagar más por este impuesto se sitúa en torno al millar.
Otras subidas de impuestos
Patrimonio
Se eleva el tipo aplicable a partir de 10 millones de euros, del 2,5 % al 3,5 %. Una vez más, el horizonte que persigue el Gobierno es «garantizar que los que más tienen, más aporten». Este gravamen, que recuperó Zapatero en el 2011 con carácter temporal y que año a año se iba extendiendo en los Presupuestos durante un solo ejercicio, se prorroga ahora de manera indefinida. Además, el Gobierno quiere armonizarlo en el conjunto de comunidades autónomas para evitar el dumping fiscal.
Sociedades
Hasta ahora, las exenciones a grandes grupos empresariales por dividendos y plusvalías estaban bonificadas al 100 %. Ahora, se limita al 95 %, lo que afecta principalmente a grandes compañías, dado que las empresas con volumen de negocio inferior a 40 millones de euros podrán seguir aplicando la totalidad de la deducción durante tres años.
Tal y como explicó la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, la decisión afectará a unas 1.739 empresas de las más de millón y medio que hay en todo el territorio patrio. Tan solo el 0,12 % del total. Defiende el Gobierno que esta medida está en línea con otros países del entorno como Francia, Italia o Alemania. La reducción de la deducción permitirá recaudar 1.520 millones de euros en dos años.
Ninguna sorpresa en lo referente a este gravamen. La única modificación que experimentará ya había sido anunciada hace unos días por el Ejecutivo: se aumentará el IVA para las bebidas azucaradas y edulcoradas, que pasarán de tributar desde el 10 al 21 %. Eso sí, advirtió Montero que este incremento afectará solo a su venta en supermercados y establecimientos alimentarios. Los bares y restaurantes escapan del alza «para no perjudicar a la restauración».
Según los cálculos del Gobierno, esto permitirá una recaudación adicional de 400 millones de euros en el 2021 y en el 2022.
El Ejecutivo descarta incluir en sus Presupuestos la imposición de un IVA del 21 % a la sanidad y a la educación privada: «Permanece exento, tal como está, no hay ningún tipo, en este proyecto, de modificación respecto a esta figura tributaria, todas las modificaciones que he contado son las que se contemplan», señaló.
Planes de pensiones
El Gobierno incorpora un recorte de hasta 2.000 euros de la aportación máxima de los planes de pensiones individuales con derecho a deducción en el IRPF, desde los 8.000 euros actuales, mientras que en el caso de las planes de empresas se eleva la aportación máxima de 8.000 a 10.000 euros. Con esta medida, el Ejecutivo prevé ahorrarse 580 millones de euros en el 2022.