Cándido Vega afronta diez años de inhabilitación por la contratación irregular de cinco trabajadores municipales
11 nov 2020 . Actualizado a las 17:49 h.La alcaldesa de Ponga, Marta Alonso Guijarro, ha ratificado hoy ante la jueza de Oviedo la denuncia por un delito continuado de prevaricación por la presunta contratación irregular de cinco trabajadores municipales que interpuso contra su predecesor, Cándido Vega, que se ha acogido a su derecho a no declarar en la vista oral.
Vega ha optado por no declarar a ninguna de las partes, incluida su defensa, en el juicio celebrado hoy y por el que afronta diez años de inhabilitación para empleo o cargo público en corporaciones locales.
A la salida de la vista, el exregidor ha afirmado a los periodistas que está sometido a «una persecución política» aunque su conciencia está «muy tranquila» porque Ponga es un concejo pequeño, con pueblos muy dispersos y gente mayor y que sus vecinos «no pueden esperar tres meses a que se haga un concurso porque hay que atenderlos todos los días».
La Fiscalía y el Ayuntamiento de Ponga, que ejerce la acusación particular, se han opuesto a la petición de la defensa para incorporar al procedimiento varios autos judiciales donde el exalcalde había sido absuelto en causas anteriores por delitos de prevaricación y alzamiento de bienes junto a otros familiares y la jueza lo ha inadmitido como prueba.
Este rechazo ha precedido a la decisión de Vega, que ejerció como alcalde en un gobierno de coalición URAS-PAS y posteriormente en Foro, a optar por no defenderse de las imputaciones.
Por el contrario, la alcaldesa socialista, Marta María Alonso Guijarro, ha declarado como testigo y ha ratificado que su predecesor contrató irregularmente a cinco trabajadores municipales sin ningún expediente administrativo ni procedimiento de selección, de forma directa y consciente de que así vulneraba los principios de igualdad, mérito y capacidad en el acceso al empleo público.
La alcaldesa ha explicado a los periodistas que no hubo «persecución política alguna» contra Vega e incluso ha sostenido que la única intención del Ayuntamiento de Ponga al ejercer la acusación particular es defender los intereses de los vecinos por lo que acatará la decisión judicial.
Para ratificar sus palabras ha dicho que en su mandato ha recibido ocho demandas por prevaricación desde el entorno del exalcalde de las que seis ya han sido archivadas y otras dos están pendientes de juicio.
Guijarro ha indicado que, al conocer que su predecesor había realizado cinco contrataciones irregulares de las que actualmente sólo hay una en proceso de regularización, puso el caso en manos de la Fiscalía y ofreció “todas las pruebas” que han derivado en el juzgado.
Las dos acusaciones han mantenido que Vega contrató a dedo a una auxiliar de ayuda a domicilio, a un peón de obras públicas, a un arquitecto, a una asistente social y a un auxiliar administrativo para el Telecentro.
Las contrataciones se llevaron a cabo entre 2008 y 2013 y en todos los casos la secretaria y la interventora municipal presentaron informes desfavorables aduciendo que no se había respetado el Estatuto Básico del Empleado Público ni la congelación de la oferta de empleo público así como por la falta de consignación presupuestaria, al no estar el puesto contratado en la plantilla de personal.
Sin embargo, según las acusaciones pública y particular, el exalcalde obvió los informes desfavorables y prescindió del reparo.
Las acusaciones aplican la agravante de reincidencia ya que Vega fue condenado en una sentencia declarada firme en 2012 por un delito de prevaricación a la pena de 7 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por ordenar el acondicionamiento de varios caminos forestales en el Parque Natural de Ponga prescindiendo de los procedimientos legales.