Vox llevará al Constitucional la expulsión de su portavoz en el parlamento asturiano

Ignacio Blanco fue llamado al orden tres veces por no estar en el uso de la palabra protestando porque una diputada de Podemos llamó a su grupo «fascista ultraliberal»

Ignacio Blanco
Ignacio Blanco

El grupo parlamentario Vox ha solicitado al presidente de la Junta General, Marcelino Marcos Líndez, la nulidad del pleno celebrado el miércoles en el que su portavoz, Ignacio Blanco, fue expulsado por sus protestas tras ser calificado su partido de «fascista ultraliberal» desde las filas de Podemos, y ha advertido que de lo contrario acudirá al Tribunal Constitucional.

En rueda de prensa, Blanco ha instado a Marcos Líndez a «rectificar» para dar por anulada la sesión plenaria y celebrarse nuevamente, ya que, según ha dicho, el presidente del parlamento aplicó el reglamento de la cámara «incorrectamente».

«Tiene una oportunidad de oro para rectificar», ha señalado Blanco, quien fue expulsado a raíz de que desde Podemos calificasen a su formación de «partido fascista ultraliberal» y de que el presidente de la Cámara no atendiese sus protestas y le llamara al orden tres veces.

Las continuas quejas del portavoz de Vox para que la formación morada reiterase esa calificación llevaron al presidente del parlamento a llamarle la atención al no tener el uso de la palabra, advertencia que, tras señalar que él sí estaba cumpliendo con el reglamento, reiteró en dos ocasiones más por lo que, a la tercera, que conlleva la expulsión del hemiciclo, fue obligado a abandonarlo.

Blanco, que ha afirmado que la formación «nunca» se ha reconocido como «fascista», ha lamentado que la actitud del presidente demuestra que «no está a la altura del cargo» que ostenta tras aplicar de forma incorrecta el reglamento cameral.

Según ha apuntado, Marcos Líndez tuvo que haber pedido a Podemos que retirase las «ofensas» proferidas hacia Vox y ordenado que no estuvieran incluidas en el diario de sesiones.

Blanco, quien ha estado acompañada de su compañera de grupo, Sara Álvarez, ha asegurado que con su expulsión se ha vulnerado el derecho fundamental de los ciudadanos «a ser representados» y el hecho de que no se le concediera la palabra supone la colocación de un «bozal».

Según sus palabras, la petición de anulación del pleno «no es un ataque» a las instituciones, sino una manera de los «corregir errores» cometidos por el presidente, que debe actuar con «imparcialidad».

Por último, ha agradecido a los grupos parlamentarios del PP, Ciudadanos y Foro que tras el pleno presentasen un escrito conjunto en el que manifestaban su «disconformidad y rechazo» con la actuación llevada a cabo por el presidente de la Cámara; informó EFE.

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