La sentencia recoge que Cándido Vega realizó «un ejercicio arbitrario de poder» durante su mandato
20 nov 2020 . Actualizado a las 11:52 h.Una jueza de Oviedo ha condenado al exalcalde de Ponga Cándido Vega a diez años de inhabilitación por un delito continuado de prevaricación al estimar que realizó «un ejercicio arbitrario de poder» al gestionar las contrataciones de personal municipal para favorecer a «afiliados o simpatizantes que comulgaban con la ideología» de su partido.
La titular del Juzgado de lo Penal número 3 de Oviedo sostiene en la sentencia que Vega, que ejerció como alcalde en Ponga entre 2007 y 2013 con en un gobierno de coalición URAS-PAS y posteriormente con Foro Asturias, sustituyó al frente de su responsabilidad el «imperio de la ley por el de su voluntad» con la que operó como si «de un feudo se tratase» el ayuntamiento en el negociado propio de su cometido. De esta forma, Vega obvió el trámite formal de los expedientes de contratación de personal pese a ser «perfecto conocedor» de los principios que les vinculaba legalmente y que «no cumplió» pese a los informes desfavorables de Intervención, así como del secretariado técnico al que podía acudir «si alguna duda tenía».
La juez advierte de que el exalcalde hizo las contrataciones «directamente, sin más», ya que no efectuó procedimiento selectivo alguno e incluso en algunos casos «manteniendo las relaciones laborales a través de prórrogas directas hasta su tratamiento de contrato indefinido». Las contrataciones se llevaron a cabo entre 2008 y 2013 y en todos los casos había informes desfavorables de Intervención aduciendo que no se había respetado el Estatuto Básico del Empleado Público ni la congelación de la oferta de empleo público, así como por la falta de consignación presupuestaria, al no estar el puesto contratado en la plantilla de personal. Además, la jueza le aplica la agravante de reincidencia, como solicitaron en el juicio la Fiscalía y el despacho De la Iglesia y Teijelo, que ejercitaba la acusación particular en representación del ayuntamiento, ya que Vega fue inhabilitado a 7 años en el año 2012 para empleo o cargo público por ordenar el acondicionamiento de caminos forestales en el Parque Natural de Ponga prescindiendo de los procedimientos legales.
Durante el juicio, celebrado el pasado día 11, el exalcalde se acogió a su derecho a no declarar y a la salida del juzgado explicó a los periodistas que era víctima de «una persecución política» por parte del actual gobierno municipal socialista. La actual alcaldesa, Marta Alonso Guijarro, negó este extremo y, por el contrario, ratificó la denuncia ante la jueza al sostener que Vega contrató «a dedo» a una auxiliar de ayuda a domicilio, a un peón de obras públicas, a un arquitecto, a una asistente social y a un auxiliar administrativo para el telecentro.
En la sentencia, a la que ha tenido acceso Efe, la jueza pide que se investigue a un testigo por posible delito de falso testimonio o de obstrucción a la justicia en relación con la declaración de su contratación por tiempo inferior al real en el Ayuntamiento de Ponga, por «trabajos asignados al mismo y la reticencia de sus contestaciones», con remisión de la grabación de la vista oral al Juzgado de Guardia. La sentencia no es firme y contra la misma cabe interponer un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial, informa EFE.