Podemos y BNG solicitan que el gallego y otras lenguas cooficiales puedan usarse en Congreso, Senado y altos tribunales

Junto con otras ocho formaciones, han registrado una proposición no de ley para acabar con la «imposición legal exclusiva» del castellano en la normativa estatal

Diputados de las formaciones que firman la propuesta sobre pluralidad lingüística
Diputados de las formaciones que firman la propuesta sobre pluralidad lingüística

Unidas Podemos, el BNG y otras ocho formaciones políticas (ERC, Bildu, PNV, Junts, PDeCAT, Más País, Compromís y la CUP) han registrado una proposición no de ley (PNL) en la que solicitan que las diferentes lenguas del país, como el gallego, el catalán o el vasco, puedan ser utilizadas en las instituciones nacionales, independientemente de donde se ubiquen. Reclaman, por ejemplo, que dichos idiomas puedan emplearse en las Cortes Generales (Congreso y Senado), en el Tribunal Constitucional y en el Supremo, en la Audiencia Nacional, en la Agencia Tributaria o en la Seguridad Social, y que la posibilidad de su uso se extienda también a entidades o empresas públicas como RTVE.

La proposición insta a «asumir la realidad plurilingüe» del Estado y a garantizar que la administración «funcione en diferentes lenguas independientemente de su ubicación física». Y reclama poner fin a la «imposición legal exclusiva del castellano en la normativa estatal» y a la «discriminación» del resto de lenguas del país. En ese sentido, solicita que se apoyen reformas estatutarias para dar rango oficial a lenguas que todavía no tienen esa consideración, como el asturiano. Además, pide que se garantice que los empleados públicos que desarrollen su labor en territorios con lengua propia no reconocida todavía como cooficial tengan conocimiento de la misma y estén capacitados para utilizarla en su trabajo.

El texto legal que se ha presentado para su debate en el Pleno del Congreso argumenta que el Estado español «parte de una tradición monolingüe en la Administración central» y que «debe ser consciente de la situación de discriminación» a la que han sido sometidos los hablantes de otras lenguas. El Estado «debe ser excluyente con todas las discriminaciones, sea cual sea su razón, también la lingüística», incide, por lo que reclama que se tomen todas las medidas necesarias para que las lenguas propias distintas al castellano «gocen del mismo reconocimiento» y sus hablantes «de los mismos derechos y deberes que se reconocen al castellano».

A Mesa pide acabar con el «racismo lingüístico»

La portavoz adjunta de Unidas Podemos, Sofía Castañón, ha destacado que esta PNL busca «la defensa de los derechos de los hablantes de las distintas lenguas del Estado», pues son derechos fundamentales. Y ha insistido en que esa defensa «nunca es merma para los derechos de otros». «Reconocer, dignificar nuestra diversidad lingüística nos hace un país mejor, nos describe de un modo más cierto y es de una riqueza cultural innegable», ha remachado.

La iniciativa ha sido bien recibida por A Mesa pola Normalización Lingüística, que en un comunicado ha valorado que supone un paso «pequeno, pero de gran relevancia» para que el Estado «empece a tratar con igualdade a toda a cidadanía». «O racismo lingüístico non pode ter o amparo do BOE», apunta el presidente de la entidad, Marcos Maceira, que reclama que si la PNL llega a ser aprobada, tenga de verdad «efectos prácticos».

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