La Inspección de Trabajo detecta 2.859 infracciones en todo el país sobre un total de 21.642 negocios investigados entre abril y noviembre
14 dic 2020 . Actualizado a las 05:00 h.España es el país de la picaresca y una pandemia no es suficiente para cambiar una forma de actuar que, aunque no es generalizada, sí que tiene un elevado número de seguidores. Uno de cada diez ERTEs investigados por la Inspección de Trabajo en Asturias entre los meses de abril y septiembre es fraudulento. Y el Principado no es una excepción, ya que, en cifras absolutas, en el conjunto del país los inspectores han detectado 2.859 infracciones de un total de 21.642 negocios investigados con datos cerrados en noviembre.
En Asturias, Trabajo ha realizado 302 inspecciones y ha detectado 31 infracciones. Es decir, ha encontrado alguna irregularidad en el 10,26% de los casos investigados. La media española es del 13%. Al detectar estos fraudes, ha conseguido liquidaciones por valor de 13.274 euros.
Los últimos datos han sido proporcionados por el Gobierno en respuesta a una pregunta parlamentaria planteada por el senador socialista Miguel Ángel Heredia. Aunque la respuesta no especifica los motivos de las infracciones, la mayoría de los casos se deben a la reincorporación de trabajadores a la actividad sin darles de baja en el ERTE para no tener que pagar las nóminas y las cotizaciones a la Seguridad Social.
Datos nacionales
Según la respuesta del Gobierno, el ránking de infractores (en porcentaje de fraudes detectados respecto a las inspecciones realizadas) lo encabeza Melilla, con el 20%. En segundo lugar se sitúa Canarias (17,4%) y el tercer cajón del podio es para Cataluña (14,5%). Aragón se sitúa en cuarto lugar (13,55%), Comunidad (11,95%), Ceuta (10,9%), Madrid (10,4%).
En el otro extremo de la lista, la comunidad con menos infracciones detectadas en relación a la cifra de inspecciones finalizadas es La Rioja, que tiene un 0% de sanciones. A esta le sigue País Vasco (3,5%), Cantabria (6,19%) Navarra (6,2%), Islas Baleares (6,3%) y Galicia (7,6%).
Consecuencias penales
Las consecuencias por realizar este tipo de prácticas pueden ser graves. Yolanda Díaz, Ministra de Trabajo, ya ha explicado que acciones como recuperar a un trabajador sin darle de baja del ERTE para seguir beneficiándose de las bonificaciones no solo suponen «una sanción administrativa grave, sino que pueden tener responsabilidades penales».
Cuando la cuantía defraudada supera los 50.000 euros, la infracción podría ser castigada con una pena de prisión de entre uno y cinco años.