Asturias ve decepcionante el estatuto electrointensivo

El Gobierno central aprobó por decreto la medida, de la que podrá beneficiarse una treintena de compañías en el Principado pero rebaja las expectativas de la gran industria

Siderurgia, Arcelor
Siderurgia, Arcelor

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes, por real decreto, el Estatuto de los Consumidores Electrointensivos, una medida que beneficiará a 612 empresas de alto consumo eléctrico, rebajando su recibo de la luz y elevando así su competitividad, y que llevaba pendiente de aprobación desde abril de 2019. De estas 612 empresas, entre 30 y 40 están ubicadas en Asturias. En un inicio, el Principado había reclamado una definición más restrictiva de las electrointensivas ya que muchas de las grandes industrias de la región son hiperconsumidoras, el mayor coste de producción es la tarifa eléctrica. Sin embargo, el Gobierno central ha ampliado el número de compañías que pueden acogerse rebajando así las expectativas de Asturias.

La Consejería de Industria ha indicado este martes que su valoración «no es favorable», ya que la gran industria asturiana va a tener «un bajo descuento» en su tarifa, según citó Europa Press. 

«No cabe duda de que la aprobación de un herramienta de política industrial es positiva, pero entendemos que hay que calibrarla y dotarla adecuadamente porque en su versión actual las empresas con mayores consumos de energía, como la gran industria asturiana, tienen un bajo descuento en su tarifa», han señalado desde el Ejecutivo.

Fuentes de la Consejería de Industria explicaron que aún no podían hacer una valoración exacta del número de empresas beneficiarias de este estatuto en Asturias. Para obtener la condición de consumidor electrointensivo, el consumo anual deberá haber sido superior a 1 gigavatio hora (GWh) durante dos de los tres años anteriores y el consumo en las horas valle (las más baratas del día) representar, al menos, el 50 % del total, pero también que el cociente entre consumo anual y VAB superior a 1,5 kWh/€). Desde la consejería se destacó que los dos primeros requisitos se pueden conocer pero el tercero aún no puede comprobarse.

Según explicó la agencia EFE, el Gobierno demoró la aprobación de esta medida, largamente demandada por los agentes sociales y el Ejecutivo asturiano, después de que la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) advirtiera de que los mecanismos que incluía podían constituir ayudas de Estado incompatibles con la legislación europea.

Según Industria, el Estatuto aprobado dota a los grandes consumidores de electricidad de un marco jurídico y económico que proporciona seguridad y certidumbre a sus costes energéticos y mejora su competitividad internacional (al disminuir el diferencial del precio que pagan por la luz respecto con competidores de otros países como Francia o Alemania), «todo ello de conformidad con la normativa comunitaria».

«Es un instrumento de política industrial con el que el Gobierno mejora la competitividad de la gran industria y favorece la inversión» al dotar a las empresas, por primera vez, de un marco normativo que reconoce la condición de gran consumidor y pone a sus disposición a nuevos instrumentos que ofrecen mayor estabilidad, seguridad y certidumbre del precio de la energía, según la ministra del ramo, Reyes Maroto.

En total, beneficiará a 612 empresas de más de 60 actividades industriales, que suman unos 300.000 trabajadores, y, junto con las compensaciones por costes de emisiones indirectas de CO2 (dióxido de carbono) y el Fondo Español de Reserva para Garantías de Entidades Electrointensivas, «supondrá un nuevo marco legal al servicio de la gran industria».

Tres años de actividad

Para optar a las ayudas previstas en el Estatuto, las empresas deberán asumir obligaciones y compromisos en eficiencia energética, I+D+i y sustitución de fuentes contaminantes, al tiempo que deberán mantener la actividad productiva durante un periodo de al menos tres años, a partir de la fecha de concesión de las ayudas.

Para obtener la condición de consumidor electrointensivo, el consumo anual deberá haber sido superior a 1 gigavatio hora (GWh) durante dos de los tres años anteriores y el consumo en las horas valle (las más baratas del día) representar, al menos, el 50 % del total.

El Ministerio de Industria será el encargado de certificar la condición de consumidor electrointensivo, que deberá ser solicitado la empresa, ha informado el departamento en un comunicado.

Las compensaciones

Entre los mecanismos para los costes energéticos, figura la compensación de hasta el 85 % de los costes que se repercuten en el precio de la luz por la financiación de las primas a las renovables, los costes de cogeneración de alta eficiencia y el extracoste correspondiente a los territorios no peninsulares (financiados al 50 % con cargo al recibo y a los Presupuestos de Estado)

Además, el Estado, a través del Fondo Español de Reserva para Garantías de Entidades Electrointensivas (FERGEI), asumirá la cobertura de los riesgos derivados de la adquisición de energía eléctrica a medio y largo plazo de consumidores electrointensivos, con el fin de fomentar la contratación bilateral a largo plazo (PPA, por sus siglas en inglés) del suministro.

En febrero de este año, antes de que la pandemia se desatara, se anunció el Estatuto Electrointensivo, que, según informó entonces el Gobierno, permitiría el ahorro de 90 millones para estas empresas sólo por bonificación del 85 % los cargos en su factura.

Sumados a las compensaciones por costes de CO2 (172 millones el pasado año), el apoyo a la industria electrointensiva superaría los 262 millones.

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