Asturias recrimina al Gobierno Sánchez el agravio y la falta de respeto al sector industrial
ASTURIAS
El consejero de Industria ve agravios «intolerables» para las empresas asturianas respecto a otros países como Alemania, Francia o Italia
22 dic 2020 . Actualizado a las 17:24 h.El consejero de Industria, Enrique Fernández, ha advertido este martes de que el estatuto para la industria electrointensiva aprobado la semana pasada por el Gobierno central «pone sobre la mesa posibles agravios comparativos que son intolerables» en relación a las compensaciones que se conceden en otros países como Alemania, Francia o Italia. Fernández también ha considerado «una falta de respeto al conjunto de Asturias» que el Ejecutivo central no haya respondido por escrito a las alegaciones que presentó el Principado con los gobiernos de Galicia y Cantabria, por lo que se lo ha vuelto a requerir.
El consejero se ha expresado así en la reunión constitutiva de la Alianza Social y Política por la Defensa de la Industria en Asturias en la que han participado representantes de todos los grupos de la Junta General, UGT, CCOO, la Federación Asturiana de Empresarios (FADE), las cámaras de comercio de Oviedo, Gijón y Avilés y la Federación Asturiana de Concejos (FACC).
Fernández ha pedido que este foro sirva para poder trasladar a la Unión Europea, al Gobierno central e incluso a los centros de decisión empresarial que muchas veces se encuentran fuera de España una «voz única» para exponer las exigencias de Asturias «de forma unánime». «Si esta alianza nace politizada, nace muerta», ha dicho el consejero, quien ha insistido en que la alianza debe buscar acuerdos «sólidos y fuertes».
Entre las propuestas planteadas por el Ejecutivo asturiano se encuentran la de plantear una iniciativa europea para garantizar «la equiparación para la industria electrointensiva asturiana de las compensaciones y ayudas actualmente en vigor en países como Alemania, Francia o Italia». «Lo que esta permitido o prohibido en Asturias tiene que ser exactamente lo mismo» que en esos países, ha remarcado Fernández, que ha pedido también garantizar la no condicionalidad de las ayudas a la existencia de crédito presupuestario suficiente, así como el mantenimiento de los apoyos a las empresas altamente electrointensivas durante los próximos dos años.
El Principado también ha planteado la elevación, hasta el máximo permitido, de las compensaciones de costes indirectos de CO2 y la definición de un mecanismo de sustitución de las subastas de interrumpibilidad que beneficie principalmente a las empresas electrointensivas, tanto en la cuantía de las ayudas como en el número de bloques a subastar. Además, Fernández ha apostado por abrir una negociación en el futuro de otros mecanismos de apoyo a la industria altamente electrointensiva en la que podrían participar las propias empresas y que podrían ser de carácter industrial, comercial, energético, fiscal o medioambiental.
En este primer encuentro, la presidenta del PP asturiano, Teresa Mallada, ha pedido al Ejecutivo autonómico que recurra ante el Ministerio por vía administrativa el estatuto electrointensivo al entender que Asturias debe «rebelarse» ante una norma que «no sirve» a las empresas hiperelectrointensivas porque «el tiempo de las peticiones ya ha pasado». Mallada, quien ha asegurado que el PP irá «de la mano» del Principado «siempre que se trate de defender los intereses de Asturias», ha remarcado que es el momento de que «se empiecen a tomar medidas contundentes» y ha alertado también de la intención del Gobierno de Pedro Sánchez de gravar los residuos que las grandes empresas depositan o incineran en los vertederos, lo que supondría «un nuevo ataque» a la industria regional.
En una línea similar se ha expresado el secretario general de Foro, Adrián Pumares, quien ha dicho que el Gobierno asturiano «no puede permanecer de brazos cruzados ante la nueva discriminación» que representa un estatuto que «ataca directamente a la competitividad de la industria asturiana» frente a la de otros países del entorno europeo. Desde el ámbito sindical se ha insistido en la necesidad de que Asturias constituya un frente común en defensa de la industria.
Así, el secretario general de UGT de Asturias, Javier Fernández Lanero, ha advertido de que Asturias se encuentra en una «situación de emergencia industrial» que se ha visto «agravada» por el nuevo estatuto, por lo que ha remarcado la necesidad de exigir nuevas compensaciones y que el Gobierno central eleve al máximo las compensaciones por costes indirectos de CO2 y habilite una alternativa a la subasta de interrumpibilidad.
Para el máximo dirigente de CCOO de Asturias, José Manuel Zapico, ha advertido de que la transición energética «no estaba siendo justa» ni con los trabajadores ni con los territorios y ahora tampoco con las empresas, y por ello ha incidido en la necesidad de que se establezcan «mecanismos para minimizar el daño a las electrointensivas» para que la comunidad pueda contar con «una industria sostenible y moderna» generadora de «empleo de calidad.