La Fiscalía Anticorrupción pide imputar a Graciano Torre y a un exsecretario de Estado por el «caso Hulla»
ASTURIAS
Les atribuye delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos en el geriátrico de Felechosa
19 ene 2021 . Actualizado a las 18:06 h.La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado la declaración como investigados del ex secretario de Energía Pedro Luis Marín Uribe; del exconsejero de Industria asturiano Graciano Torre y de otros tres exaltos cargos del Instituto del Carbón por su presunta autoría en sendos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos en el Caso Hulla.
En su informe, la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada insta al juzgado a acordar su declaración al considerar que facilitaron la concesión de 30 millones de euros con cargos a los fondos mineros para la construcción del geriátrico del Montepío de la Minería en la localidad asturiana de Felechosa.
Asimismo, solicita que se tome de nuevo declaración al exalcalde de Aller Gabriel Pérez Villalta como partícipe en los mismos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos por su participación en el desvío de fondos públicos.
Anticorrupción sostiene que los investigados habrían consentido con sus actuaciones que los fondos mineros que tenían por objeto financiar la creación de infraestructuras que debían de servir de soporte para nuevas iniciativas empresariales generadoras de empleo sufragasen la construcción de un nuevo complejo residencial de los que venía explotando el Montepío.
Además, según la acusación pública, habrían permitido que dichos fondos enriqueciesen fraudulentamente a las personas que se colocaban detrás de la iniciativa del proyecto y su construcción.
La Fiscalía sitúa en la cúspide de la investigación al exsecretario general del sindicato minero SOMA-FITAG-UGT José Ángel Fernández-Villa, del que asegura que abusaba del poder que ejercía desde 1978 por sus cargos en la Comisión Ejecutiva de la Federación Socialista Asturiana (FSA) y como secretario general del sindicato minero para “enriquecerse ilícitamente”.
La fiscal mantiene en su informe que Villa había tejido una sólida red de influencias en los gobiernos asturiano y nacional y tanto los exaltos cargos como el exconsejero “sin ningún tipo de supervisión ni verificación”, pusieron a su disposición y a la de su mano derecha y presidente del Montepío, José Antonio Postigo, el dinero bajo la cobertura, “inicialmente sin base legal”, de estar dirigida a financiar la construcción del geriátrico en Felechosa.
Para otorgar legalidad a su actuación, afirma, no les importó iniciar la modificación del Real Decreto de 24 de agosto que establecía el régimen de ayudas de desarrollo de las infraestructuras en las comarcas mineras del carbón ya que, con su aplicación, sólo se podía financiar en un 1 por ciento la construcción concertada.
Los investigados lo hicieron, sin embargo, desatendiendo las recomendaciones que de forma reiterada les transmitieron el Abogado del Estado de la Asesoría Jurídica del Ministerio de Industria y su propia Secretaría Técnica que les pedían que la nueva regulación estableciese un límite a la concesión de ayuda.
Anticorrupción señala en su informe que en 2007 tanto Villa como Postigo aprovecharon que gobernaba el PSOE en España y Asturias y que en el reparto de los fondos mineros adscritos al Plan del Carbón tenían mucho peso los sindicatos para trazar una nueva estrategia con la que “seguir enriqueciéndose fraudulentamente”.
Un enriquecimiento que se obtendría a costa de los fondos mineros destinados a la financiación de infraestructuras que permitiesen la reactivación económica de Asturias y para la que se sirvieron de las influencias políticas cosechadas para construir el geriátrico de Felechosa.
Según este informe, Villa habría concertado con autoridades o funcionarios del Principado y del Ministerio de Industria previamente a que tuviese lugar la distribución de ayudas 2008/2009 la aprobación del proyecto a subvencionar para construir la residencia de mayores.