El juicio se dirige contra todo el conglomerado de empresas que forman los citados grupos y se presenta en defensa de los derechos de los trabajadores
01 feb 2021 . Actualizado a las 17:58 h.La Audiencia Nacional celebrará el jueves el juicio que decidirá la demanda laboral interpuesta por la Confederación de Cuadros y Profesionales y otras organizaciones sindicales contra Alcoa, el fondo inversión suizo Parter Capital, que compró las plantas de Avilés y A Coruña a la multinacional, y el Grupo Riesgo, que las compró a su vez a Alcoa.
El juicio se celebrará en la Sala de lo Social y se dirige contra todo el conglomerado de empresas que forman los citados grupos empresariales y se presenta en defensa de los derechos de los trabajadores de las plantas del grupo Alcoa Inespal que fueron vendidas.
Esta acción es paralela a la querella que interpuso la Confederación por un supuesto delito de estafa agravada, insolvencia punible y apropiación indebida, y que fue admitida a trámite el 22 de diciembre por el Juzgado Central de Instrucción número 3 de Madrid.
La Confederación considera que se han incumplido los acuerdos que se alcanzaron el 15 de enero y el 4 de julio de 2019 en el marco del expediente de regulación de empleo (ERE), unos acuerdos que la organización considera que siguen vigentes. En el juicio, se pretende la declaración solidaria de todas las empresas demandadas.
Los demandantes consideran que el grupo Alcoa es responsable frente a los trabajadores, no sólo por los incumplimientos de los compradores de las plantas, que afirma que no han ejecutado el plan industrial pactado entre los trabajadores y el grupo Alcoa, garante de la ejecución de las inversiones y del cumplimiento del plan industrial.
También estiman que Alcoa es responsable por elegir como comprador a Parter Capital, que, según la Confederación, no reunía las características exigidas y pactadas para la estabilidad de las dos plantas y sus plantillas.
Recuerda que los trabajadores rechazaron indemnizaciones muy superiores a las legales para apostar por la viabilidad de las plantas y sus puestos de trabajo. Para la Confederación, pudo ser una venta instrumentalizada «a través de empresas pantalla» para desvincular formalmente al grupo Alcoa de la titularidad y gestión de ambas fábricas, así como de las responsabilidades de ámbito laboral, informa Efe.