Educación descarta la vuelta a un modelo presencial para todos los alumnos

Carmen Suárez asegura que la situación sanitaria no lo permite, por lo que que la semipresencialidad seguirá «en las circunstancias en las que está»

Carmen Suárez, en la Junta
Carmen Suárez, en la Junta

Oviedo

La consejera de Educación, Carmen Suárez, ha admitido la importancia de recuperar la enseñanza presencial en su totalidad, pero ha precisado que, dada la situación de la crisis sanitaria, aun no es posible la vuelta a las aulas de todos los alumnos.

«De momento, la semipresencialidad tiene que seguir en las circunstancias en la que está. Estamos estudiándolo y se esta haciendo una valoración sobre su calidad», ha apuntado en el Pleno de la Junta General, donde ha respondido a una interpelación formulada por IU y a dos preguntas de Ciudadanos y PP. En respuesta a las críticas de la portavoz Ángela Vallina, ha negado que la enseñanza telemática, que afecta a alumnos de 3º y 4º de la ESO y de 1º de Bachillerato en cuyos centros no se pueda garantizar la distancia de seguridad de 1,5 metros, sea «catastrófica».

Así, ha indicado que el 63% de los centros públicos imparten toda la enseñanza de forma presencial, cifra que se reduce a un 33% en el caso de los concertados. Suárez ha admitido que su departamento ha cometido «errores» en la gestión de la pandemia, aunque ha negado que las decisiones se hayan tomado de forma arbitraria y sin protocolos, como los puestos en marcha en las aulas para garantizar la ventilación de las aulas y reducir la posibilidad de contagios. «Educación no toma decisiones arbitrariamente, sin planificar y sin criterios. Es el Gobierno en su conjunto el que establece protocolos de coordinación», ha apuntado.

Suárez ha recordado que las medidas implementadas para las ventilación de las aulas, sobre las que se realiza un seguimiento continuo, han sido elaboradas por el Servicio de Prevención de Riesgos. Según ha apuntado, los centros educativos han contado con fondos para adaptarse y adquirir medidores de C02 y purificadores de aire, en caso de que no se pueda garantizar una ventilación natural. Por otro lado, se ha referido a las cafeterías de los Institutos de Enseñanza Secundaria, cerradas por la pandemia desde el pasado mes de marzo y que han decidido iniciar acciones judiciales contra el Gobierno del Principado. Suárez ha dicho que en un asunto que está en los tribunales es preferible guardar «silencio», aunque ha garantizado que, cuando la situación sanitaria lo permita, se redactarán los pliegos y se adjudicará este servicio.

La portavoz de IU, Ángela Vallina, ha manifestado que su grupo parlamentario ha perdido la «paciencia» con las decisiones «desastrosas» de Educación, que ponen de manifiesto la «incapacidad» de la titular de este departamento para abordar la gestión de la pandemia. «No ha habido previsión, ni planificación, ni sensibilidad social ni eficacia», ha advertido antes de afirmar que se está vulnerando sus derechos fundamentales de los alumnos en enseñanza semipresencial de lo que dos terceras partes «cursan menos de la mitad de la materia en cada asignatura».

A este «listado de catástrofes», Vallina ha agregado la ausencia de protocolos de ventilación en las aulas para garantizar la seguridad en las aulas y la gestión en torno las cafeterías de los IES de Asturias, a las que el Gobierno ha dejado en la «indigencia».

Por su parte, el diputado de Ciudadanos Luis Carlos Fanjul ha lamentado que la dificultad para mantener una temperatura adecuada en los centros educativos hace que los alumnos tengan que ir «con mantas» a clase, dado que están «muertos de frío». «Este es el curso en el que más se está atacando la igualdad y equidad educativa», ha sostenido.

Por su parte, la parlamentaria del PP Gloria García ha vuelto a reclamar al Gobierno del Principado transporte escolar independiente para los dos centros de educación especial de Latores, en Oviedo, de forma que no se mezcle a alumnos de ambos equipamientos y se evite la propagación de contagios. En este punto, la consejera ha afirmado que se está estudiando la forma de dar una solución, a pesar de que entraña dificultades en el acceso a los centros y ha apuntado que el coste de duplicar el transporte supondría 300.000 euros anuales más, informa EFE.

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