Asturias pedirá al Estado que le compense las trabas al Ingreso Mínimo Vital

El Principado sigue pagando el Salario Social a 9.000 perceptores con fondos que pensaba destinar a atención a la dependencia


El Gobierno asturiano solicitará del Ejecutivo central que le abone con carácter retroactivo las cuantías que está destinando a seguir abonando la nómina del salario social a los beneficiarios de esta prestación autonómica que tendrían derecho a percibir el nuevo Ingreso Mínimo Vital implantado por el Estado y que aún no lo están recibiendo.

Ambas administraciones siguen negociando además una salida a su discrepancia sobre el trasvase de los beneficiarios del salario social al IMV después de que el Gobierno central obligase a repetir de forma individual el trámite de solicitarlo a la Seguridad Social al no aceptar la tramitación ya realizada por el Principado para 9.000 perceptores de la prestación del Principado.

Según ha señalado en rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Gobierno el vicepresidente Juan Cofiño, «la discrepancia está ahí y hay que solventarla» con un acuerdo «que no merme las arcas del Principado», que preveía ahorrar este año 34,5 millones en los pagos a los beneficiarios que pasasen al IMV y destinarlos a financiar la atención a la dependencia.

Los servicios jurídicos del Principado, ha asegurado Cofiño, están examinando todos los posibles recursos que se pondrían plantear sin descartar, aunque el Gobierno asturiano se lo plantea como última posibilidad dado que preferiría un acuerdo «satisfactorio para ambas partes», la decisión de acudir a la vía judicial.

El pasado mes de enero la Consejería de Derechos Sociales suspendió el protocolo que venía aplicando desde la pasada primavera cuando entró en vigor la nueva prestación de ámbito estatal a la que el Principado preveía que se acogieran buena parte de los 21.698 beneficiarios del salario social asturiano.

Dado que los requisitos de ambas prestaciones era similares, el Principado generó un protocolo con el Instituto Nacional de Seguridad Social para el traslado de datos de perceptores del salario social, una posibilidad rechazada ahora por la administración central tras un cambio normativo, lo que obligará a esos 9.000 beneficiarios a tramitar sus solicitudes de forma individual.

La nueva normativa obligaba al Principado a comprobar antes de su envío el cumplimiento de los requisitos de los expedientes, salvo el de vulnerabilidad económica; a certificarlo; a enviar la documentación en un plazo de seis meses y asumir la obligación de reintegrar los pagos del IMV que se realizasen en los casos en que se concediese de manera indebida.

En diciembre el Gobierno asturiano envió sendos ficheros y un certificado en el que se comprometía a realizar la comprobación de los requisitos de los 9.000 expedientes; a enviar la documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos y a asumir la devolución de cantidades indebidas que fueron rechazados por el Instituto Nacional de la Seguridad Social.

Esta situación supone, a juicio del Colegio Oficial de Trabajo Social de Asturias, que se imposibilita a quienes tienen que iniciar ahora la solicitud del IMV el cobro de atrasos con carácter retroactivo desde junio y, dado que su cuantía es superior a la del salario social, pierden también el reconocimiento del derecho a percibir esa diferencia; según recogió EFE.

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