La fiscalía sostiene que la contaminación de las aguas es una consecuencia de vertidos no autorizados de selenio y arsénico. La empresa que explota la mina de oro de Belmonte mantiene que no se ha producido ningún daño medioambiental y confía en su libre absolución
26 feb 2021 . Actualizado a las 17:20 h.La Fiscalía solicita el pago de una multa de 20 millones de euros a Orovalle, la empresa que explota la mina de oro de Belmonte de Miranda y una indemnización de otros 5 millones al Estado por un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente. El ministerio fiscal sostiene que la contaminación de las aguas del río Cauxa, afluente del Narcea, es una consecuencia de vertidos no autorizados de selenio y arsénico, entre otros, desde tres puntos de las instalaciones mineras de El Valle-Boinás. La empresa, por su parte, mantiene que está acreditado que no se ha producido ningún daño medioambiental y defiende y confía en su libre absolución, «considerando la solidez de los argumentos jurídicos y pruebas presentadas». La acusación pública propone además la suspensión de la actividad hasta que se acredite el cese de las acciones contaminantes, por un periodo no superior a 5 años. La vista oral está señalada a partir del lunes.
La fiscalía sostiene que el Río Cauxa, a su paso por la zona de influencia de las instalaciones mineras soporta la emisión de una serie de vertidos de sustancias catalogadas como peligrosas y que no se encuentran amparadas en ninguna autorización de vertido. Hace ya casi nueve años, el 19 de noviembre de 2012, la Guardería Fluvial solicitó el seguimiento de los vertidos de Kinbauri (en la actualidad, Orovalle). El resultado fue una concentración de selenio que superaba la norma de calidad ambiental (1ug Se/L) en 39 ocasiones de las 50 analizadas. El valor máximo registrado fue de 10 ug Se/L. Según el relato de la fiscalía, no se trataba de una circunstancia ocasional, sino que se mantenía en el tiempo durante la época de aguas altas.
Un año después se procedió a una nueva solicitud de toma de muestras, que registró valores superiores de cobre, cadmio, cianuro, arsénico y, en particular, selenio. En el periodo comprendido entre el 29 de mayo y el 26 de agosto de 2014, los valores de selenio, cobre y arsénico, y, en menor medida, los de cadmio y níquel, sobrepasaron los límites contenidos en la autorización vigente.
La fiscalía acredita que todos los resultados analíticos obtenidos entre abril de 2015 y septiembre de 2016 constataron que las aguas de río Cauxa, aguas debajo de los vertidos de la mina, incumplían la norma de calidad ambiental del selenio establecida para las sustancias peligrosas. «Los tres vertidos de la empresa contienen selenio habitualmente, sin que dispongan de autorización para ello. El conjunto de los vertidos de la mina aportan una carga contaminante anual de selenio cuatro veces superior a la que podría soportar el río Cauxa para cumplir la norma de calidad ambiental. En cuanto al arsénico, las condiciones medidas en los vertidos sobrepasan, en algunas ocasiones, los límites que podrían ser autorizados, con unos valores tales que el conjunto de los vertidos de la mina aportan una carga contaminante anual de arsénico superior al doble de la que podría admitir el río», indica el escrito.
«Estas sustancias provienen de forma inequívoca de la actividad minera que, desde el año 2007, está desarrollando Kinbauri (la actual Orovalle). La fiscalía añade que la empresa conocía plenamente esas emisiones, no autorizadas, tanto por sus informes internos como por comunicaciones de la Confederación Hidrográfica, que ha instruido tres expedientes sancionadores a la mercantil. Los dos primeros finalizaron con resoluciones sancionadoras. El tercero se encuentra suspendido por prejudicialidad penal.
La versión de la empresa
La versión de la empresa difiere radicalmente de la fiscalía. La compañía minera cree que ha acreditado que no se ha producido ningún daño medioambiental y defiende además y confía en su libre absolución, considerando la solidez de los argumentos jurídicos y pruebas presentadas.
Según la fiscalía, a consecuencia fundamentalmente de los niveles de selenio, el río Cauxa no cumple los objetivos ambientales de la Directiva Marco de Aguas y no alcanza el buen estado ecológico y químico. «Supone un daño grave para el medio ambiente, dado que la normativa, así como varios estudios científicos, advierten de que el selenio es una sustancia tóxica, bioacumulable y persistente en el medio. La concentración de selenio en la masa de agua también está empezando a afectar a otros elementos de calidad que miden el estado ecológico. Uno de ellos es el índice de macroinvertebrados, que ha pasado de moderado a deficiente en tan solo 4 años».