El Estado pagará con carácter retroactivo el IMV de los 9.000 beneficiarios del salario social

La Voz OVIEDO

ASTURIAS

La consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Melania Álvarez,
La consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Melania Álvarez, José Luis Cereijido

El objetivo es agilizar la tramitación y el pago de la ayuda estatal, cuya cuantía es superior a la autonómica

05 mar 2021 . Actualizado a las 14:13 h.

El Ejecutivo central asumirá, con carácter retroactivo a 1 de junio de 2020, el pago del Ingreso Mínimo Vital (IMV) de 9.000 perceptores actuales del Salario Social Básico (SSB) una vez que el Gobierno asturiano acredite que cumplen con los requisitos para pasar a cobrar la prestación estatal, según ha anunciado hoy la consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Melania Álvarez.

En las últimas horas, según la consejera, se ha alcanzado ya un acuerdo con el Instituto Nacional de la Seguridad Social, organismo con el que la administración asturiana colaborará con el fin de agilizar la tramitación y el pago de la ayuda estatal, cuya cuantía es superior a la autonómica.

Con ese fin, según ha anunciado la consejera, su departamento ha decidido dar un paso más para colaborar en las tareas de comprobación, no previstas inicialmente, con el fin de que los derechos sobre esas 9.000 solicitudes sean reconocidos.

El plan de actuación con el INSS se cerrará en los próximos días, según la consejera, que ha incidido en que el pago del salario social está garantizado y se pagará hasta que se vayan traspasando los perceptores al IMV.

Ese proceso de verificación se llevará a cabo a partir de la información de la que dispone el Principado en sus registros del salario y permitirá solucionar la discrepancia que mantienen ambas administraciones sobre el traspaso de los beneficiarios de la prestación autonómica a la nacional.

Después de la tramitación realizada por el Principado para esos 9.000 perceptores del salario social, el Gobierno central pidió que se planteasen de forma individual lo que obligó a seguir financiando la prestación desde las arcas autonómicas, que preveían para este año un ahorro de 34,5 millones de euros con la puesta en marcha del IMV.

El pasado mes de enero la Consejería de Derechos Sociales suspendió el protocolo que venía aplicando desde la pasada primavera cuando entró en vigor la nueva prestación de ámbito estatal a la que el Principado preveía que se acogieran buena parte de los 21.698 beneficiarios del salario social asturiano.

Dado que los requisitos de ambas prestaciones son similares, el Principado generó un protocolo con el Instituto Nacional de Seguridad Social para el traslado de datos de perceptores de la ayuda autonómica, una posibilidad rechazada finalmente por la administración central tras un cambio normativo que obligaba a esos 9.000 beneficiarios a tramitar sus solicitudes de forma individual.

La nueva normativa obligaba al Principado a comprobar antes de su envío el cumplimiento de los requisitos de los expedientes, salvo el de vulnerabilidad económica; a certificarlo; a enviar la documentación en un plazo de seis meses y asumir la obligación de reintegrar los pagos del IMV que se realizasen en los casos en que se concediese de manera indebida.

En diciembre el Gobierno asturiano envió sendos ficheros y un certificado en el que se comprometía a realizar la comprobación de los requisitos de eso 9.000 expedientes; a enviar la documentación acreditativa del cumplimiento e los requisitos y a asumir la devolución de cantidades indebidas que fueron rechazados por el Instituto Nacional de la Seguridad Social, informa Efe.