Derechos Sociales recalca que la Seguridad Social se ha comprometido a asumir el pago retractivo de los expedientes paralizados
09 mar 2021 . Actualizado a las 13:11 h.La Consejería de Derechos Sociales y Bienestar calcula que 6.700 de los 9.000 beneficiarios del salario social básico que están pendientes de su trasvase al Ingreso Mínimo Vital (IMV) «podrían ver estimada su solicitud» para poder cobrar la prestación estatal con carácter retroactivo al 1 de junio. Así unas 2.300 podrían ser rechazadas y Asturias tendrá que hacerse cargo de ellas ya que el Principado siempre destacó que las ayudas se mantendrían con la prestación asturiana.
Así lo ha afirmado la consejera del ramo, Melania Álvarez, en respuesta a varias preguntas formuladas en el pleno de la Junta General por Podemos, IU y Foro sobre la discrepancia en el trasvase de los beneficiarios del salario social al IMV después de que el Gobierno central obligase a repetir de forma individual el trámite de solicitarlo a la Seguridad Social al no aceptar la tramitación ya realizada por el Principado para 9.000 perceptores de la prestación autonómica.
Álvarez ha señalado que el Gobierno de Asturias ha logrado avanzar en la tramitación del IMV con la Seguridad Social, que se ha comprometido a asumir el pago retroactivo de las ayudas a las personas cuyos expedientes fueron tramitados por el Principado el año pasado y que cumplan los requisitos establecidos.
Así, la Consejería asumirá la comprobación de los 9.000 expedientes remitidos al Instituto Nacional de la Seguridad Social para determinar cuáles cumplen las condiciones para optar a la renta nacional, mientras que el organismo estatal asumirá el pago retroactivo de las ayudas desde el 1 de junio de 2020.
La consejera ha asegurado que las medidas que se han tomado desde el Gobierno de Asturias para desbloquear la situación están basadas «en el trabajo prudente y riguroso».
En este sentido, ha explicado que los problemas ocasionados para el trasvase del salario social básico al ingreso mínimo vital acarreaban «consecuencias injustas», tanto para las 9.000 personas que solicitaban la comprobación del cumplimiento de los requisitos para acceder a la renta estatal como para la propia consejería, «que actuó con responsabilidad y defendió la seguridad jurídica de esas personas».
También ha indicado que todas las personas beneficiarias del salario social básico seguirán cobrando esta prestación hasta que comiencen a recibir el ingreso mínimo vital, en caso de que cumplan las condiciones establecidas.
En febrero, un total de 21.524 unidades familiares percibieron la renta autonómica, que convivirá con la nueva ayuda estatal.
Álvarez ha dicho que «a priori es imposible determinar» cuáles van a ser las cantidades generadas al Principado en concepto de atrasos, si bien ha señalado que los 6.700 expedientes que calculan pasarán a cobrar el IMV han supuesto un gasto 20 millones de euros para las arcas regionales a lo largo de los últimos meses.
En su turno de respuesta a la consejera, el diputado de Podemos Rafael Palacios ha criticado que el proceso de trasvase ha dado como resultado «nueve meses de zozobra» entre el Gobierno central y el regional.
«Dejemos de marear a las personas que no saben cómo resolver esta circunstancia», ha apuntado el parlamentario de la formación morada, que ha advertido de que puede estar en riesgo el ahorro previsto por el Principado por el traspaso al IMV.
Por parte de IU, Ovidio Zapico ha pedido firmeza y «una respuesta política contundente» para lograr el reconocimiento de los derechos de los 9.000 solicitantes del Ingreso Mínimo Vital que siguen atascados por los cambios en los criterios de tramitación exigidos por la administración central.
«Vamos a respaldar su acción de Gobierno, vamos a respaldarles si piensan ir a los tribunales también, política y jurídicamente», ha puesto de manifiesto.
Por último, el portavoz de Foro, Adrián Pumares, ha lamentado que el IMV haya nacido como una «medida estrella» y haya contado «con más trabas de las previstas», que ha generado «enormes inequidades» entre sus beneficiarios; informó EFE.