El Gobierno lanza la pelota al tejado de la Junta por la Oficina Anticorrupción

Cárcaba recuerda que es una órgano que debe ser elegido por el parlamento en el Consejo de Transparencia

Ana Cárcaba
Ana Cárcaba

El Gobierno asturiano ha responsabilizado a la Junta General del Principado de que la Oficina de Buen Gobierno y Lucha contra la Corrupción no se encuentre operativa cuando han transcurrido ya más de dos años desde que se acordó por ley su creación ya que, según la consejera de Hacienda, Ana Cárcaba, para su puesta en marcha previamente el parlamento debe designar al presidente del Consejo de Transparencia.

Ante la ausencia de la consejera de Presidencia, Rita Camblor, de baja por enfermedad, Cárcaba ha comparecido en comisión ante la Junta General del Principado para responder a varias preguntas de la oposición, entre ellas una del diputado de Podemos Rafael Díaz Palacios, sobre los plazos barajados por el Gobierno para la puesta en marcha de dicha oficina.

La puesta en marcha de la conocida como oficina anticorrupción está contemplada en la Ley de Transparencia aprobada al final de la pasada legislatura, en septiembre de 2018, como un ente autónomo, sólo vinculado en el aspecto presupuestario y de personal a la Consejería de Hacienda, y que estaría integrado en el Consejo de Transparencia.

El nombramiento del presidente de dicho consejo debe producirse por mayoría de dos tercios de la Junta General para un periodo único de cinco años, con el objetivo de no coincidir con la legislatura parlamentaria, y decidirse entre personas de reconocido prestigio y teniendo en cuenta criterios de competencia profesional y excelencia.

Cárcaba ha señalado durante su comparecencia que, mientras no se proceda al nombramiento del presidente del Consejo de Transparencia, no se podrá poner en marcha la oficina anticorrupción, un órgano que, según ha recordado «está dotado de independencia y carece de representación del Gobierno, con lo que no está sujeto a la administración».

No obstante, ha asegurado que en cuanto el parlamento asturiano proceda a la designación del presidente, la administración autonómica ofrecerá su «máximo apoyo y colaboración» para que pueda desempeñar sus funciones.

El Gobierno, según ha añadido, «no ha dejado de trabajar ni un solo día en el ámbito de la transparencia y buen gobierno» y como ejemplo ha señalado que en este primer semestre entrará en la Cámara el proyecto de Ley de Participación Ciudadana, cuya tramitación el Gobierno había comprometido, antes de que estallase la pandemia, para el pasado año.

Esta ley, cuya elaboración se inició en la pasada legislatura, pretende regular el derecho de participación ciudadana e impulsar políticas que promuevan la implicación activa de la gente y conformar un nuevo modelo de democracia participativa.

En algunas semanas también estará ultimado, según ha avanzado la titular de Hacienda, el decreto que regula el funcionamiento del registro de los grupos de interés, previsto también en la Ley de Transparencia, y en la segunda mitad del año estará listo el que regula el estatuto del denunciante.

Además, hoy mismo finaliza el plazo de consulta pública sobre el decreto sobre organización en materia de transparencia y derecho de acceso a la información pública, según la consejera, que ha destacado que Asturias es, tras País Vasco y Aragón, la tercera comunidad que más aportaciones ha hecho al portal de datos del Gobierno central, con más de 1.350 conjuntos de datos.

El Ejecutivo autonómico también prevé tener lista la estrategia de gobernanza para Asturias antes de que acabe el año y que en 2021 esté operativo un nuevo portal de Gobierno Abierto con mejoras sustanciales por lo que , según la consejera, el Ejecutivo «avanza con paso firme en estos principios de transparencia».

Para Palacios, sin embargo, la Ley de Transparencia «ha quedado aparcada en el cajón de las cosas incómodas» más de dos años después de ser aprobada y el Gobierno sigue sin proveer de medios materiales y personales al Consejo al que debe adscribirse la oficina anticorrupción y que debe poner en marcha un plan de transparencia.

«La aprobación de la ley no puede quedarse en una mera operación de blanqueo de la imagen del gobierno porque parece que no hay intención de ponerla en marcha», ha añadido; según recogió EFE.

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