Una parte de los magistrados se mostraba favorable a autorizarla toda vez que la reforma se hizo simplemente para especificar que los miembros del Gobierno tenían derecho a dirigirse en asturiano a la cámara. Antes ya se contemplaba que lo hicieran los diputados (y, en realidad, con la Ley de Uso incluida en el Estatuto cualquier persona tiene derecho a dirigirse a la administración asturiana en asturiano , aunque al no ser lengua oficial, no hay obligación de contestar en la misma lengua) y de hecho así se hizo sin problema ninguno durante legislaturas pasadas. Todos estos argumentos han tenido un peso definitivo en la decisión del Constitucional que ha recordado que aunque no sea una lengua oficial la ley reclama una especial protección para el asturiano.
El problema arranca en el mandato presente con la entrada de Vox en la Junta General y el seguidismo del PP en su oposición al uso de la llingua. Fueron diputados de ambos grupos los que protestaron en la primera comparecencia de la consejera de Cultura, Berta Piñán, por hablar en asturiano , con peticiones de un traductor simultáneo y aspavientos respecto a que les era imposible entender lo que decía. Fue un caso particularmente curioso el de la protagonista de las protestas por parte del PP, la diputada Gloria García, que en 2019 se sentía incapaz de comprender a Berta Piñán aunque un año atrás había recitado en asturiano en la misma Junta General un poema de la misma autora con motivo del Día de les Lletres asturianes.
La parte de los magistrados del Constitucional que se mostraba adversa a que respetar la reforma del reglamento parlamentario de Asturias aducía que la llingua no goza de estatus oficial y que, darle paso, representaría una oficialidad de facto . Los argumentos de Vox son coincidentes con esta tesis pero además se apoya en el resquicio que encontraron en su día los letrados de la Junta para no permitir que Piñán hablara en asturiano en la cámara. Además de atenerse la literalidad de la norma, ya que es miembro del Gobierno pero no diputada, la decisión se basó en una interpretación restrictiva del artículo 23.2 de la Constitución que se refiere al derecho a participar en asuntos públicos y además el derecho a «acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, con los requisitos que señalen las leyes». Es decir, si un diputado (como ocurre en el caso de los electos de Vox) asegura desconocer totalmente lo que se dice en asturiano y ser absolutamente incapaz de comprenderlo, se debe asegurar que puede percibir el debate en una lengua que sí conozca en detalle y a la perfección, como se supone que es el castellano.
Todo este debate chocaba ya en todo caso con las normas ya vigentes en Asturias, recogidas en la Ley de Uso (aprobada en su día con el respaldo del PP) y que no sólo protegen el derecho de cualquier persona a usar el asturiano cuando se comunique con la administración sino que ya en el mismo preámbulo del reglamento de la Junta (antes de que se reformara) se recogía de forma expresa la pretensión de promover «el uso del bable en el ejercicio de las funciones parlamentarias, en el marco del Estatuto de Autonomía».
En todo caso, el camino de la reforma del Estatuto de autonomía para recoger la oficialidad de la lengua asturiana está marcado y, cuenta por el momento, con una mayoría suficiente. Al resplado explícito del PSOE, Izquierda Unida y Podemos, se unirá con toda probabilidad Foro que en sus estatutos originales apoyaba una reforma en ese sentido si contaba con consenso social. El debate comenzará a finales de este 2021.
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