El Tribunal rechaza dos tesis de Vox, que se trate de una oficialidad encubierta y que no se garanticen sus derechos en el caso de aducir que no entienden la llingua
15 abr 2021 . Actualizado a las 18:44 h.La histórica sentencia que avala la constitucionalidad del uso de la lengua asturiana en la Junta General del Principado ya se había filtrado la semana pasada tras un encendido debate entre los magistrados que terminó por rechazar el recurso de Vox. Este jueves se ha dado a conocer de forma pública la sentencia del Tribunal Constitucional y también los dos votos particulares de los magistrados que le han puesto pegas, el de su vicepresidenta, Encarnación Roca, y el concurrente de Pedro González-Trevijano.
El debate jurídico que se ha zanjado ahora comienza con el inicio de la nueva legislatura en la Junta General, en la primera comparecencia de la consejera de Cultura, Berta Piñán, que quiso expresarse en asturiano. Esto le valió las protestas airadas de Partido Popular y Vox, y la consecuente reclamación a los letrados del parlamento autonómico que determinaron entonces que el derecho a hablar en asturiano ante la cámara correspondía sólo a los diputados y no a los miembros del Gobierno. Se hizo una reforma para extender esa capacidad a diputados, consejeros y cualquier persona; y entonces el grupo de Vox elevó la causa al Constitucional que ahora le ha dado luz verde definitiva.
¿Por qué? La sentencia, que tiene como ponente a Cándido Conde-Pumpido, rechaza dos argumentos de Vox, el primero que esta reforma supone una oficialidad de facto y el segundo, que no garantiza el derecho de los diputados que entiendan el asturiano a ejercer debidamente sus funciones.
Para hablar de que no se trata de un reconocimiento a la oficialidad por la puerta de atrás, el Constitucional señala que la reforma habilita el uso del asturiano solamente en el ámbito parlamentario y no más allá (se trata del reglamento de la Junta General) y, en concreto, la sentencia señala «es claro que el precepto impugnado no regula dicha cooficialidad. La posibilidad de utilizar el bable/asturiano se reconoce tanto en favor de los Diputados en el ejercicio de sus funciones parlamentarias como los miembros del Consejo de Gobierno, los cargos y empleados públicos y cualquier persona que comparezca ante la Cámara pero únicamente a los exclusivos efectos de utilizar esa lengua en sede parlamentaria».
Pero resulta especialmente relevante que el Constitucional haya hablado de que, aunque el asturiano no sea una lengua oficial la Carta Magna incluye un reconocimiento al pluralismo lingüístico, a la protección de uso, con unas consecuencias para su utilización en el ámbito público. De tal manera, la sentencia señala que «el constituyente ha demandado tutelar, también, aquellas realidades lingüísticas que no están amparadas por el estatuto de la oficialidad lingüística en un determinado territorio autonómico, para lo cual corresponderá a los poderes públicos disponer las garantías tanto de respeto como de protección de aquellas, lo cual incluye la posible regulación de su uso público bajo determinadas circunstancias». El texto acude además a la Carta Europea de las lenguas regionales o minoritarias para reconocer como uno de sus principios «“la facilitación y/o el fomento del empleo oral y escrito de las lenguas regionales o minoritarias en la vida pública y en la vida privada».
El voto particular de la vicepresidenta del Constitucional se resume, a grandes rasgos, en que considera que la plena protección jurídica y habilitante de derechos de uso de una lengua sólo puede darse con la oficialidad.
A este rechazo a la idea de que la reforma suponga una oficialidad soterrada, el Constitucional una también la desestimación del argumento de Vox de que se limite su capacidad de ejercer un cargo público por no entender el asturiano en un debate. Así la sentencia recoge que la reforma del reglamento impone a la mesa de la cámara adoptar «las medidas oportunas para impedir que el desconocimiento del bable por los representantes suponga un obstáculo para el ejercicio de tales funciones de debate y control». El voto concurrente de González Trevijano, que no pone en cuestión el grueso de la sentencia, reclama aquí más precisión para saber cómo se tomarían esas medidas.
En la práctica, cuando alguno de los dos diputados de Vox en la Junta General ha interrumpido a un parlamentario que usa el asturiano aduciendo que no lo comprendía, el presidente de la Junta ha apelado a su cortesía, ya sea para utilizar el tiempo en el uso de la palabra para repetir su exposición en castellano y también se ha pedido si se podría facilitar la exposición de forma previa, por escrito, en castellano. Lo cierto es que los diputados de Podemos e Izquierda Unida, que son los que suelen hacer con más frecuencia intervenciones en lengua asturiana han terminado por agotar el tiempo íntegro sin repetir lo mismo en castellano. Aunque se especuló en un determinado momento con la posibilidad de que hubiera que requerir traductores simultáneos en la Junta, fue algo descartado por los grupos, que señalaron que sería un gasto ridículo para traducir dos lenguas tan similares y además desde IU se hizo un pronunciamiento político expreso a negarse a tal posibilidad por considerarlo una traba artificial por parte de Vox.