Belarmino Fernández, está acusado de un presunto delito continuado de prevaricación y otro delito de falsedad documental
25 mar 2021 . Actualizado a las 16:55 h.La Audiencia Provincial de Oviedo juzgará el próximo 6 de abril al alcalde de Somiedo, Belarmino Fernández, acusado de un delito continuado de prevaricación y otro delito de falsedad documental, unos hechos por los que la Fiscalía solicita 3 años de prisión y 16 años de inhabilitación.
La Fiscalía acusa al alcalde de Somiedo de hacer caso omiso, por voluntad personal y sin justificación alguna, al derecho a la información pública que demandó un vecino para conocer las tarifas aplicables al servicio de taxi del que era usuario.
El vecino había contactado el 2 de junio de 2016 con el Ayuntamiento de Somiedo a través de un correo para solicitar información sobre las tarifas, dado que en la página web municipal figuraba sólo la ordenanza municipal de auto-taxi.
Cuatro días después, reiteró su petición a través del registro telemático municipal e insistió de nuevo el 23 de junio.
Sin embargo, según la Fiscalía, el 3 de agosto el alcalde respondió a sus peticiones indicando que no se había establecido un régimen de tarifas.
Una respuesta que no se correspondía con la ordenanza municipal de auto-taxi del Ayuntamiento de Somiedo, de 18 de noviembre de 2015, que establecía la obligatoriedad de la tabla de tarifas que, al no haber sido aprobadas por el ayuntamiento, se regían por la normativa autonómica.
El 9 de agosto, el vecino reiteró su solicitud de información para saber si las tarifas de auto-taxi en Somiedo eran libres y el 22 de septiembre el alcalde le respondió que al no haber tarifas aprobadas era de aplicación la normativa autonómica con la especificidad de los municipios de alta montaña, una manifestación que no respondía a la realidad.
El vecino, al entender que su petición de información había sido desestimada, solicitó su estimación al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno que instó al Ayuntamiento de Somiedo a que, en plazo de 15 días, remitiera al reclamante copia de la información solicitada y a su vez al propio órgano.
La Fiscalía sostiene que el alcalde no efectuó alegación alguna en el expediente, pese a habérselo reiterado en dos ocasiones, no dio cumplimiento a la resolución del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ni interpuso recurso ante la jurisdicción contencioso-administrativa.
El denunciante, el 17 de octubre de 2016, ante la inactividad del ayuntamiento, solicitó del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno la adopción de medidas para el cumplimiento de la resolución y pese a que se le requirió de nuevo, el alcalde, según la Fiscalía, persistió en su incumplimiento.
Cuatro meses después, el vecino presentó denuncia contra el taxista en el ayuntamiento por el incumplimiento de la ordenanza municipal de auto-taxi y el alcalde con la intención, según la acusación, de no sancionarle ni tramitó la denuncia, ni dio orden de tramitar el expediente administrativo, ni dictó resolución alguna.
Según la Fiscalía, se limitó a entrevistarse personalmente en su despacho con el titular de la licencia de taxi denunciado y dando por buenas sus explicaciones; informó EFE.