El edil somedano, Berlamino Fernández, ha calificado de «exagerada» la petición de la Fiscalía, que le reclama una pena de tres años de prisión y 16 años de inhabilitación
06 abr 2021 . Actualizado a las 13:45 h.El alcalde de Somiedo, Belarmino Fernández, ha defendido su honradez y ética en la gestión municipal y ha calificado de «exagerada» la petición de la Fiscalía, que interesa que se le imponga una pena de tres años de prisión y 16 años de inhabilitación por un delito continuado de prevaricación y otro de falsedad documental.
La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Oviedo ha acogido este martes el juicio contra el alcalde de Somiedo, a quien la Fiscalía imputa una «conducta prevaricadora» por mantener una actuación irregular y fuera de los cauces administrativos al no haber abierto un expediente administrativo para esclarecer la denuncia de un vecino sobre la falta de información sobre las tarifas del taxi.
El vecino ha explicado ante el tribunal que presentó varias solicitudes de información en el verano de 2016 en el Ayuntamiento para conocer las tarifas del taxi en Somiedo al comprobar que había una diferencia en los precios de hasta el 300% en cuatro recorridos que había efectuado en distintos días de senderismo, por lo que quería conocer a qué se debían los desajustes y cuál era la tarifa correcta que debían cobrarle.
El denunciante, que ha asegurado que en ningún momento reclamaba por el precio sino que su consulta era a título informativo, ha dicho que el alcalde le contestó que al no haber tarifas aprobadas regía la normativa del Principado con la especificidad de que Somiedo era un municipio de montaña.
Esta referencia es la que ha llevado a la Fiscalía a solicitar la condena del alcalde alegando que no existe tal especificidad y por tanto su contestación «falta a la verdad de forma dolosa», siguiendo un criterio «obstinado» por imponer su propia voluntad. Para la Fiscalía, el alcalde pretendía crear «confusión», al no ofrecer al vecino una contestación «clara» para mantener su posición «recalcitrante».
El alcalde, por el contrario, ha incidido en que no hubo silencio administrativo, ya que respondió a las reiteradas peticiones de información del vecino y ha justificado la frase sobre la especificidad de Somiedo como un municipio de montaña al afirmar que era un tema «semántico, una mera expresión coloquial», sin que ello supusiera ningún tipo de incremento sobre las tarifas del taxi.
El abogado defensor, Carlos Álvarez, ha pedido la libre absolución al corroborar que el denunciante no llegó a reclamar a los taxistas, ni les pidió tarifas, ni presentó facturas o tickets, ni documento alguno para respaldar su denuncia, por lo que era imposible que se pudiera abrir expediente administrativo alguno.
Fuera de sala, el alcalde ha manifestado a los periodistas que la postura de la Fiscalía es «incomprensible» y le parece «inconcebible» que pueda parecer que hay detrás un gran caso de corrupción porque plantearlo así es «una exageración». Fernández ha dicho que siente «un dolor inmenso» por esta imputación después de 33 años administrando dinero público, 26 de ellos como alcalde de Somiedo, porque la honradez es «la mejor política» y él, aunque haya cometido fallos en su gestión, no es un prevaricador sino «un tío honrado y ético y esto es sentirse despreciado y ninguneado», ha afirmado.
El alcalde ha ratificado que esta imputación es «uno de los mayores dramas» de su vida y confía en que la Audiencia le absuelva y archive la causa porque, en su opinión, un caso como éste «como mucho acabaría en una oficina del consumidor» y no en un juicio penal, informa Efe.