José Manuel Fernández García se vio envuelto en una polémica después de que Ciudadanos planteara la posibilidad de que este órgano se instalara en Avilés
15 abr 2021 . Actualizado a las 22:11 h.El candidato del Grupo Parlamentario Socialista para presidir el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno de Asturias, José Manuel Fernández García, ha presentado su renuncia al cargo tras comparecer el pasado martes en la Junta General del Principado, un requisito previo a su designación por la Cámara, han señalado a Efe fuentes parlamentarias.
Fernández García se vio envuelto en una polémica durante su comparecencia después de que Ciudadanos planteara la posibilidad de que este órgano de nueva creación, en el que trabajarán una veintena de personas, se instalara en Avilés. A su juicio, esa decisión encarecería el funcionamiento del Consejo y dificultaría la organización y actividad de la oficina anticorrupción, así como la formación de un equipo del que, según advirtió, él no podría formar parte porque no le permitiría conciliar su vida familiar.
Tras conocer esas afirmaciones, la alcaldesa de Avilés, la socialista Mariví Monteserín, defendió la ciudad como sede del Consejo y subrayó: «lo que no me puede servir es, como excusa, que Avilés está o no, más cerca o más lejos, los funcionarios que vengan aquí, que se queden a vivir aquí y vivirán muchísimo mejor”. Fernández García es funcionario del Cuerpo Superior de Administradores del Principado desde hace dos décadas y estuvo al frente de la Dirección General de Justicia durante el gobierno de Vicente Álvarez Areces, entre los años 2008 y 2011.
El nombramiento del presidente del Consejo debe producirse por mayoría de dos tercios de la Junta General (30 de 45 diputados) para un periodo único de cinco años, con el objetivo de no coincidir con la legislatura parlamentaria, y decidirse entre personas de reconocido prestigio y teniendo en cuenta criterios de competencia profesional y excelencia. De ese órgano dependerá la Oficina de Buen Gobierno y Lucha contra la Corrupción contemplada en la Ley de Transparencia aprobada en septiembre de 2018 como un ente autónomo, sólo vinculado en el aspecto presupuestario y de personal a la Consejería de Hacienda.