¿En qué consiste la emergencia sanitaria que podrá declarar Asturias tras el estado de alarma?

Otras comunidades contemplan en sus leyes esta situación que permitiría establecer restricciones, pero avaladas por la justicia en caso de afectar a derechos fundamentales

Dispositivo de la Guardia Civil para el cierre perimetral de Oviedo
Dispositivo de la Guardia Civil para el cierre perimetral de Oviedo

Redaccion

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, volvía ayer a ratificar la voluntad del Gobierno de que no haya una nueva prórroga del actual estado de alarma, que se declaraba el pasado noviembre y que finalizará el próximo 9 de mayo. E insistía en que existen instrumentos legales que permitirán a las comunidades autónomas hacer frente a la pandemia de coronavirus sin estado de alarma, «que no puede ser permanente».

Mientras la campaña de vacunación sigue avanzando y al menos en el Principado la situación epidemiológica sigue en la misma meseta en la que lleva prácticamente dos meses, mañana está previsto que el Consejo de Gobierno de Asturias apruebe el anteproyecto de la reforma de la Ley de Salud del Principado, que permitiría declarar la situación de emergencia sanitaria. Esta ley, que se aprobó inicialmente en 1992 y fue renovada en 2019, no contempla en la actualidad esa posibilidad.

En todo caso, ocurra lo que ocurra a partir del 9 de mayo, la aplicación de restricciones que supongan una limitación o restricción de derechos fundamentales de la ciudadanía como la movilidad tienen que ser autorizadas o ratificadas por la autoridad judicial. Y así lo recordaba esta semana el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA), Jesús María Chamorro, explicando que la encargada de autorizar las posibles medidas restrictivas que pudiese aprobar la Consejería de Salud será la Sala de lo Contencioso de este tribunal, cuyos ocho magistrados valorarán llegado el caso la proporcionalidad de las medidas de acuerdo a la evolución epidemiológica de la pandemia en Asturias y a la limitación de los derechos de la ciudadanía.

Esta sala acordaba por ejemplo denegar las medidas cautelares que solicitó la patronal hostelera Otea para suspender las restricciones al sector del nivel de riesgo extremo (4+). El auto, al respecto, incidía en que «la ponderación de los intereses económicos y empresariales, legítimamente invocados por la asociación recurrente, no puede dejar de tener en cuenta los riesgos para las vidas de los ciudadanos que supone esta pandemia». Lo mismo se adujo cuando se denegó la medida cautelar solicitada por el propietario de un hotel rural para la suspensión de las restricciones a la actividad del sector, en un auto en el que se reiteraba que «debe prevalecer el interés general y la vida de nuestros conciudadanos».

En todo caso, una vez que finalice el estado de alarma que se decretaba el pasado octubre, automáticamente dejarán de estar en vigor restricciones como el toque de queda o el cierre perimetral de las comunidades autónomas, que estas no podrían aplicar de nuevo. No obstante, sí podrán restringir, si lo avala la justicia, la movilidad de las personas para evitar la expansión del coronavirus.

En este sentido, la Ley Orgánica de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública de 1986 recoge que, con el fin de controlar las enfermedades transmisibles, la autoridad sanitaria, además de realizar las acciones preventivas generales, podrá adoptar las medidas oportunas para el control de los enfermos, de las personas que estén o hayan estado en contacto con los mismos y del medio ambiente inmediato, así como las que se consideren necesarias en caso de riesgo de carácter transmisible.

Las comunidades autónomas podrían decretar cierres perimetrales como los que se han venido aplicando en Asturias en concejos en los que los indicadores epidemiológicos pasan al máximo nivel de riesgo de transmisión de coronavirus, pero nunca en el conjunto de la autononía. En cuanto a la normativa relacionada con la hostelería y comercios, ya es competencia del Principado, con lo que se podrían restringir horarios llegado el caso y con autorización de la autoridad judicial.

La modificación de la ley asturiana de Salud, de manera que incluya la declaración de emergencia sanitaria, es un paso que ya se ha dado en otras comunidades autónomas. En el caso de la misma norma en Cataluña, la modificación especifica que, en situaciones de crisis sanitaria como la actual pandemia, «las autoridades sanitarias competentes podrán adoptar medidas de limitación a la actividad, el desplazamiento de las personas y la prestación de servicios en determinados ámbitos territoriales».

En la ley de salud de Cataluña se indica también que «el establecimiento de las medidas mencionadas» -que se adoptarían a partir de un informe del director de Salud Pública- «deberá llevarse a cabo teniendo en cuenta siempre la menor afectación de los derechos de las personas, y siempre que sea posible, deberán ajustarse territorialmente al mínimo ámbito necesario para su efectividad».

En Galicia, la ley de emergencias 5/2007 ya recogía que, cuando la situación de peligro o los daños ocurridos sean, por su especial extensión o intensidad, particularmente graves, el Consello de la Xunta, a solicitud de la persona titular de la consellería competente en materia de protección civil, podrá acordar la declaración de emergencia de interés gallego, en la que la autoridad de protección civil competente podrá ordenar a la ciudadanía «la prestación de servicios personales, de acción u omisión, siempre de forma proporcionada a la situación de necesidad y a la capacidad de cada individuo». Y, «siempre que la emergencia lo haga necesario y teniendo en todo momento presente el principio de proporcionalidad, la autoridad de protección civil podrá ordenar la intervención y la ocupación temporal y transitoria de los bienes de los/las ciudadanos/as».

En agosto, en el País Vasco se declaraba por segunda vez la emergencia sanitaria, contemplada también en la Ley Vasca de Gestión de Emergencias. Esa emergencia sanitaria entró en vigor al publicar en el boletín oficial autonómico una triple normativa con la declaración de la alerta, la activación de un plan de protección civil y la asunción del lehendakari del mando único. Con esta declaración, se permitía restringir el acceso a determinadas zonas y limitar o condicionar el uso de servicios públicos y privados o el consumo de bienes. El plan de protección civil, además, establece el marco organizativo general para «hacer frente a todo tipo de emergencias que, por su naturaleza o extensión o la necesidad de coordinar más de una administración, requieran una dirección autonómica».

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