Victorino Alonso, acusado por la explotación de Nueva Julia, afirma que no tomaba las decisiones de la mina

La Voz REDACCIÓN

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Victorino Alonso en una comparecencia en la Junta General del Principado
Victorino Alonso en una comparecencia en la Junta General del Principado TPA

El nuevo juicio contra el empresario arranca este lunes. Se le acusa de unos hechos por los que la fiscalía pide ocho años de prisión

26 abr 2021 . Actualizado a las 13:46 h.

La Audiencia de León acoge desde este lunes un nuevo juicio contra el empresario minero Victorino Alonso. Acusado de un delito contra el medio ambiente -por extraer carbón en plena Red Natura 2000- ha afirmado que únicamente fue el administrador de la empresa que se hizo cargo de la explotación Nueva Julia, ubicada en Cabrillanes, entre los años 2007 y 2010, y que no era el responsable de las decisiones que allí se tomaron. Por estos hechos la fiscalía pide para él una pena de ocho años y medio de prisión.

De acuerdo con el escrito de calificaciones provisionales del Ministerio Fiscal, las empresas Minero Siderúrgica de Ponferrada (MSP) y Coto Minero del Cantábrico llevaron a cabo, de forma continuada e ininterrumpida, la explotación de carbón a cielo abierto mediante la construcción de una cantera en los parajes conocidos como La Mora y Nueva Julia, entre 2007 y 2010. Esta explotación contaba con una declaración de impacto ambiental aprobada el 25 de agosto de 2003 para el desarrollo de su actividad, que permitía a la empresa explotar 278 hectáreas de terreno de forma directa para la extracción de carbón, mientras que otras 127 hectáreas debían dedicarse a labores de restauración sobre antiguas explotaciones de carbón ya abandonadas.

La Fiscalía sostiene que el empresario minero y jefe de la explotación, Manuel Santamaría, también acusado en este proceso, no respetaron de manera consciente y deliberada lo fijado en la declaración de impacto ambiental, y añade que al abandonar la explotación en 2011 no se llevó a cabo ningún tipo de restauración ambiental en el espacio afectado por el cielo abierto. Advierte, además, de que Nueva Julia se encuentra enclavada en la Red Natura 2000 y se trata de una zona con presencia de especies en peligro de extinción, como el oso pardo y el urogallo cantábrico, así como en una zona declarada reserva de la biosfera.

A preguntas del Ministerio Fiscal, Alonso ha asegurado que nunca fue director de ninguna explotación y que en 2011, cuando le llamaron a declarar por este caso, ni siquiera era ya administrador de esa mina, porque en junio de 2009 dimitió. Ha afirmado que en ese momento no tenía conocimiento de cómo era la explotación y que cuando le llamaron a declarar tuvo que preguntar al entonces director general para que le explicase cómo funcionaba Nueva Julia. «No recuerdo cuántas hectáreas tenía ni cuanto carbón salía de allí. Hace quince años que ya no estoy en el negocio», ha asegurado el empresario, quien ha insistido en que antes de dimitir «siempre le informaba de todo el director general».

«Lo único que yo quería como administrador era que se cumplieran los plazos de extracción y para lo demás estaba el director general», ha explicado. Ha agregado que no sabe si se restauró «algo» de las 405 hectáreas explotadas y que el director general le dijo que «únicamente se había extralimitado en diez hectáreas». Alonso ha recordado que la explotación cerró en 2010 cuando él ya no era administrador, y recalcado que si la zona no fue restaurada tendrán que responder quienes estaban en la mina en ese momento. «No sé por qué no están aquí porque tendrían que ser ellos los acusados; no están ni el administrador, ni el director general, ni el director facultativo, ni el de planificación y control...», ha declarado.

En septiembre de 2019 la Audiencia Provincial de León condenó a Alonso a dos años y medio de prisión por un delito continuado contra los recursos naturales y el medio ambiente en la mina de carbón a cielo abierto conocida como El Feixolín, en Villablino (León). Además, en noviembre de 2015 el empresario minero leonés fue condenado a dos años y seis meses de prisión y al pago de una indemnización de 25,4 millones como responsable de la destrucción del yacimiento prehistórico de la Cueva de Chaves, en la provincia de Huesca, uno de los más importantes del neolítico español, informa Efe.