La Mesa del Parlamento fijará los criterios a utilizar cuando un disputado alegue no haber entendido una intervención
28 abr 2021 . Actualizado a las 14:36 h.El intento de regular el uso del asturiano en la Junta General del Principado tras la sentencia del Tribunal Constitucional que avalaba su utilización por cualquier compareciente en la Cámara se ha saldado sin acuerdo entre los distintos grupos parlamentarios, por lo que deberá ser la Mesa del parlamento quien fije los criterios a utilizar cuando un diputado alegue no haber entendido una intervención realizada en asturiano.
El desacuerdo se ha constatado en la reunión que hoy ha celebrado la Junta de Portavoces, a la que hace dos semanas el PSOE trasladó una propuesta que contemplaba que si un diputado alegaba no haberla entendido, el compareciente o el parlamentario que la hiciera debería entregar una copia escrita en castellano o repetir su discurso en este último idioma utilizando el mismo tiempo que el empleado en su primera alocución. La propuesta concitó un consenso suficiente para garantizar que sería aprobada dado que contaba con el respaldo explícito del PP aunque los socialistas plantearon que la iniciativa debía ser concretada en un texto normativo por parte de los servicios jurídicos de la Cámara autonómica.
No obstante, tras estudiar el documento, la portavoz parlamentaria del PSOE, Dolores Carcedo, ha trasladado al resto de los grupos que el texto «excedía el planteamiento inicial de su grupo» y se mostraba «excesivamente rígida para dar respuesta a una casuística muy diferente y variada del uso del asturiano en la Cámara como se ha visto en este tiempo». De esta forma, según Carcedo, le corresponde ahora a la Mesa de la Cámara, tal como marca la sentencia del Tribunal Constitucional, fijar los criterios para el uso del asturiano, «que deben ser flexibles y adaptables a las diferentes circunstancias que puedan producirse» y permitir que el asturiano se siga utilizando con normalidad en la Junta General «hasta que Vox alteró esta situación en la presente legislatura».
El conflicto se planteó cuando Vox adujo en diversas ocasiones no entender algunas de las intervenciones realizadas en asturiano, que no tiene carácter oficial en el Principado, y llevó al Constitucional la reforma del Reglamento que amplió el derecho a usarlo en la Cámara a cualquier compareciente y no limitarlo sólo a los diputados como hasta entonces. El Constitucional desestimó el recurso de Vox al considerar que dicho precepto no regulaba su cooficialidad sino que únicamente reconocía determinados efectos en el seno del parlamento y que la imposibilidad de ejercer las funciones por los diputados que adujeran no entender el asturiano se salvaba al atribuir a la Mesa la potestad de adoptar las medidas oportunas para que su desconocimiento no suponga un obstáculo para ejercerlas.
Una vez decaída la propuesta del PSOE, será ahora el presidente de la Junta General del Principado, Marcelino Marcos, el que traslade la propuesta a aplicar ante la Mesa de la Cámara, el órgano de gobierno del parlamento en el que los socialistas tienen dos representantes por uno de PP, Ciudadanos e Izquierda Unida. Para el portavoz adjunto del PP, Pablo González, la sentencia debe aplicarse «evitando el esperpento de la traducción» y ha defendido que el futuro acuerdo contemple que el diputado en el uso de la palabra pase su intervención por escrito en castellano o tenga un turno extra mientras que desde Ciudadanos Sergio García ha considerado lamentable el desacuerdo y ha exigido, de cara al debate en la Mesa, que la decisión que se apruebe no contemple la posibilidad de ese «turno extra».
Podemos, que fue hace dos semanas el grupo más crítico con la propuesta inicial del PSOE al entenderla discriminatoria con quienes usen el asturiano, ha optado hoy, coincidiendo con la reanudación del debate, por hacer público un manifiesto en el que defiende que la actual sea la legislatura de la oficialidad si se aprovecha la oportunidad de juntar fuerzas entre los partidos que a día de hoy la respaldan.
La portavoz de IU, Ángela Vallina, ha considerado que la opción que decida la Mesa es la mejor ante la imposibilidad de alcanzar acuerdos, algo que ha atribuido a la voluntad de poner «palos en las ruedas» de PP, Ciudadanos y Vox, mientras que su homólogo de Foro, Adrián Pumares, ha acusado a esta última formación de intentar «boicotear» el uso del asturiano tras ver rechazado su recurso al Constitucional y ha advertido de que el problema en relación con su uso en la Cámara «no es de comprensión sino de intolerancia», informa Efe.