Ante la lenta gestión administrativa, el vicepresidente del gobierno autonómico, Juan Cofiño, ha asegurado que «no necesitamos más funcionarios, lo que pasa es que la plantilla actual no es la adecuada»
04 may 2021 . Actualizado a las 10:20 h.El Gobierno asturiano tramita unos 50.000 expedientes sancionadores «derivados de la problemática inherente a las restricciones de la COVID-19», ha explicado en la Junta General del Principado de Asturias (JGPA) el vicepresidente del Gobierno de Asturias y consejero de Administración Autonómica, Medio Ambiente y Cambio Climático, Juan Cofiño.
El dirigente asturiano ha aportado este dato en la sesión plenaria, cuando ha sido interpelada por la diputada de Vox Sara Álvarez sobre la tramitación urgente de los proyectos de especial interés para el desarrollo de la región. En su intervención, Cofiño ha dicho que este año no es normal y que, además de la gestión del presupuesto regional, desde el Gobierno asturiano se ocupan también de otros 50.000 expedientes de solicitudes de ayuda a los sectores más afectados por el coronavirus o de miles de expedientes de regulación temporal de empleo.
Álvarez ha exigido al Gobierno asturiano una mayor agilidad y eficacia en todo lo que tiene que ver con la gestion administrativa, más aún teniendo en cuenta la llegada de los fondos europeos. «De nada nos sirve tener proyectos económicamente viables y financiación si no son capaces de gestionarlos», ha comentado. Cofiño ha contestado que existe un equilibrio «difícil» entre la seguridad jurídica y la celeridad en la gestión administrativa. Ha admitido que la actual normativa, estatal y regional puede ser garantista «en exceso», pero ha añadido que «es lo que hay».
Ante esa situación, ha explicado que el Gobierno ya trabaja en normas para aligerar la tramitación pública y los diferentes trámites porque la Administración actualmente es «lenta», al menos en lo que se refiere a las respuestas que se requieren en estos tiempo. En materia de personal, ha dicho que se está mejorando la estructura para ayudar en la gestión ordinaria y de los fondos europeos. «No necesitamos más funcionarios, lo que pasa es que la plantilla actual no es la adecuada», ha comentado, informa Europa Press.