«No sabemos ni cómo venden el metal y sospechamos una presunta evasión de capital», denuncian los trabajadores de Alú Ibérica

El Grupo Riesgo se muestra dispuesto «a colaborar con la justicia» y a trabajar con el equipo interventor para «demostrar la transparencia con la que siempre ha actuado la dirección» de la empresa

Descarga de material en Alu Ibérica en Avilés
Descarga de material en Alu Ibérica en Avilés

Redacción

La intervención de las plantas de Alu Ibérica, ordenada por el Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional de Madrid, no ha pillado por sorpresa a los trabajadores de la factoría de Avilés porque como traslada el presidente del comité de empresa de dicha planta, José Manuel Gómez de la Uz, «hace tiempo que venimos denunciando la presunta evasión de capital».  Aunque el representante de los trabajadores señala que nunca tuvieron información «de cómo se habían vendido las plantas», de cómo habían pasado de ser propiedad de Parter Capital a estar en manos del Grupo Industrial Riesgo, «veíamos cosas y las fuimos denunciando».

Para los trabajadores, un halo de oscurantismo rodea la gestión de las plantas alumineras: «no sabemos cómo se vende el metal, si está en los precios de mercado o si se hace una venta directa a clientes», y a eso se sumaría «un presunto intento de sacar activos y vehículos de la fábrica», apuntan desde el comité de empresa de la planta de Avilés, donde aseguran que «la carga de trabajo efectiva es mínima» para los 270 trabajadores, lo cual se entiende como otro síntoma de que hay intención de desmantelar Alu Ibérica.

De la Uz ve «positivo» que la Audiencia Nacional haya intervenido las fábricas por lo que supone que vaya a haber durante los próximos seis meses administradores judiciales controlando «que no se haga nada raro en las plantas y que vayan a investigar las cuentas», lo que podría derivar en saber «lo que costaría reflotar las plantas». Sin embargo, tiene claro que «la intervención no nos garantiza nada» y que lo que necesitan las plantas, que es un plan industrial, «no nos lo va a dar un juez. Eso depende de que el Gobierno quiera hacer algo», y en este sentido se muestra escéptico por la falta de información y al tener en cuenta la decepción en torno al estatuto electrointensivo.

Y mientras los trabajadores están a la expectativa de que el control de la administración judicial pueda derivar en que «en poco tiempo haya noticias que no sean buenas» por la información que se pueda requerir en el ejercicio de tal función, desde el Grupo Riesgo consideran que «el trabajo diario con el equipo interventor nos permitirá demostrar la transparencia con la que siempre ha actuado la dirección de Alu Ibérica y reforzará su defensa en esta causa». Así, en un comunicado emitido por la empresa, esta ha manifestado «su máxima disposición a colaborar con la justicia en todo momento y a facilitar cuanta información proceda para ayudar en el entendimiento de la adquisición de las plantas de producción de aluminio y demostrar su correcta administración».

Además, a fin de que se produzca «un correcto funcionamiento de esta medida cautelar», desde el Grupo Riesgo señalan que han procedido a informar puntualmente de la decisión de la Audiencia Nacional de intervenir las plantas de Avilés y A Coruña tanto a los trabajadores de Alu Ibérica como a socios estratégicos del negocio, clientes y proveedores.

«En estos momentos, la producción de aluminio en las plantas sigue su curso y funcionamiento ordinario, que se mantendrá como estaba previsto», informan desde la empresa, que asegura que «la intervención judicial no representa un cambio en la gestión ni en el funcionamiento ordinario de las plantas, ni en sus ordinarias transacciones comerciales, pudiendo mantener el avance del plan industrial diseñado en forma y fondo».

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